Índice de volúmenes - Índice de revistas - Índice de artículos - Mapa ---- Atrás


Revista Comunicar 10: La familia y los medios de comunicación (Vol. 5 - 1998)

Protección jurídica de la infancia ante los medios de comunicación

https://doi.org/10.3916/C10-1998-30

María-Esther del-Moral-Pérez

Abstract

La protección de la infancia y de la juventud en nuestro ordenamiento jurídico se ha constitucionalizado como derecho en el art. 20.4, en donde se articula como límite, «especialmente», las libertades recogidas en los diversos apartados del mencionado artículo. Esta función fundamental se explicita a lo largo del amplio conjunto normativo que regula vitales aspectos del funcionamiento y objetivos de los medios de comunicación, principal, aunque no exclusivamente, audiovisuales. Nuestro análisis parte del estudio de la normativa comunitaria en materia de protección de la infancia y la juventud ante los medios de comunicación.

Keywords

Archivo PDF español

1. La regulación comunitaria

La Unión Europea ha regulado con detalle aspectos muy interesantes en relación con el tema que analizamos en los últimos años. Los objetivos del «Libro Verde sobre el establecimiento del mercado común de radiodifusión, especialmente por satélite y por cable», redactado en 1984 por la Comisión se centran en la consecución de un perfecto estado en el que se haga realidad la libre circulación de información, ideas, opiniones, de la cultura en el seno de la Unión Europea; y regula, para ello, las consecuencias de la apertura de las fronteras intercomunitarias a los programas «nacionales » de televisión (Libro Verde, 1984: 101-103).

El apartado B de la sexta parte del Libro Verde, que analiza la armonización de las legislaciones, está dedicado a la protección de los derechos de la persona. El Libro Verde explica cómo, junto a la legislación sobre la publicidad, por un lado, y sobre los derechos de autor, por otro, los ordenamientos nacionales muestran una batería normativa, especialmente en el ámbito penal y administrativo, enfocada a la protección de los derechos de la persona. Entre estas normas encontramos las dedicadas a la juventud (Libro Verde, 1984: 236).

Los criterios establecidos para la protección de la juventud no es una realidad variable en todos los miembros de la Comunidad, aunque el Libro Verde clasifica esta protección en tres grandes grupos: la dedicada a la difusión de libros y publicaciones peligrosas para los menores, la dedicada a la proyección de pelí culas y la que regula el acceso de los menores a establecimientos de bebidas y a los establecimientos que ofrecen espectáculos (Libro Verde, 1984: 237).

2. Ordenamiento jurídico comunitario en «media »

Los países comunitarios presentan una doble vía reguladora en el ámbito específico de la protección de los menores ante el mensaje radiotelevisivo. En primer término nos hallamos ante la de quienes utilizan normas genéricas de protección a la juventud para, por extensión, aplicarlas al ámbito de la radiotelevisión. Es el caso de Italia, cuya ley sobre la censura cinematográfica y teatral de 21 de abril de 1961, regula la prohibición del acceso a determinadas representaciones cinematográficas y teatrales a menores de 18 años, prohibición que se extiende a la difusión, por radio y televisión, de las mencionadas obras.

La regulación alemana procede a la inversa: su ley sobre la protección de la juventud en los lugares públicos, en su texto revisado de 27 de julio de 1957, que liberaliza la emisión de películas destinadas a la infancia y a la juventud, no se aplica a las emisiones por televisión. En el ordenamiento alemán la protección de los menores se concreta en la legislación penal: su Código Penal prohíbe poner a disposición de los jóvenes menores de 18 años soportes de sonido, imagen y publicaciones, de carácter pornográfico; así como la transmisión de representaciones pornográficas por radiodifusión. Junto a ello, el Código Penal alemán prohíbe poner a disposición de menores de 18 años publicaciones, o cualquier otro tipo de soporte, que contengan escenas crueles e inhumanas de violencia contra la persona o que inciten al racismo.

Se establece una segunda vía por aquellos ordenamientos que crean normas específicas de protección a la juventud en el ámbito de la radiodifusión. En Reino Unido, cuya ley de radiodifusión creada en 1981 (Broadcasting Act.) regulaba, en su art. 5.1.b, las competencias de la Independent Broadcasting Authority (I.B.A.), entre las que se encuentran las de elaborar un código sobre escenas de violencia, sobre todo para los momentos en los que la población infantil ante las pantallas es mayoritaria. La I.B.A. elaboró un Code on violence en 1971.

Después de constatar los diferentes ordenamientos en materia de protección de la juventud, el Libro Verde anota dos cuestiones que muestran una gran incidencia en las regulaciones de los países comunitarios.

En primer término, la obligación legal de difusión en determinada banda horaria de ciertos programas y espectáculos. Como ejemplo, la regulación holandesa, cuya ley sobre difusión establece la prohibición de emitir programas antes de las 20 y 21 horas, cuando dichos programas estén prohibidos para menores de 17 y 16 años respectivamente. En Alemania, la ley sobre organismos de radiodifusión de derecho federal de 29 de noviembre de 1960, establece una obligación general de trasladar la emisión de programas lesivos para la formación de los jóvenes a una hora que supere las 21 horas. En segundo término, el Libro Verde comenta la diferente sistematización de edades que acometen los diversos ordenamientos nacionales a la hora de acotar los conceptos de infancia y juventud. En un punto parece haber acuerdo: consiste éste en el establecimiento de los 18 años de edad como edad-frontera, por encima de la cual ya no podemos extender las medidas de protección a la juventud.

Por debajo del límite de los 18 años se establecen nuevos intervalos por edades. El ordenamiento alemán considera «niños» a los menores de 14 años, mientras que habla de «adolescentes» cuando se trata de jóvenes mayores de 14 y menores de 18; Francia distingue jurídicamente entre los menores de 18 años y los menores de 13; Italia mantiene la cota de los 18 años, pero establece su segunda quiebra a los 14; la legislación holandesa plantea la distinción entre jóvenes menores de 12 años, por un lado, y jóvenes menores de 16 años por otro; mientras que Bélgica, en materia de acceso a las salas cinematográficas, unifica su sistema e impone una sola barrera de edad situada a los 16 años.

El Libro Verde concluye su análisis de la protección legislativa a los jóvenes frente al mensaje radiotelevisado destacando los objetivos fundamentales que emanan como esencia última de estas legislaciones; la protección de la infancia y la juventud en el terreno de las costumbres sexuales y, en segundo lugar, la protección frente a las escenas y representaciones de violencia.

Realizado el análisis, el Libro Verde aborda la cuestión prioritaria sobre si es realmente factible y útil una aproximación de las legislaciones en el territorio que estamos analizando. En sentido positivo se decantan el Parlamento Europeo, que «estima necesario elaborar en materia de radiodifusión y de televisión un reglamento-marco europeo que tenga, entre otros objetivos, la protección de la juventud» (Parlamento Europeo, 1982); y la opinión de la Comisión Jurídica dirigida a la Comisión de Juventud, Cultura, Educación, Información y Deportes: «Una ordenación comunitaria en materia de medios de comunicación (...) debería contener así mismo, como mínimo, unas disposiciones destinadas a proteger a la juventud » (C.E.P.E., 1982; 239).

En el terreno estrictamente jurídico, el Libro Verde confirma que puede darse el caso de discrepancias entre las medidas de protección a la juventud del país emisor y las del país que recibe esas emisiones. En estas circunstancias, la jurisprudencia legitima al país receptor para ejercitar la facultad de prohibir la retransmisión de los programas, o cuando menos, de realizar algún tipo de control.

Esta situación entraña una multitud de problemas que no son difíciles de prever. El análisis del documento comunitario los clasifica en tres grandes tipos. En primer lugar nos hallaríamos ante un cúmulo de problemas técnicos, financieros y prácticos derivados del hecho de poner en práctica un mecanismo de control permanente de la programación que se recibe en un país desde el espacio exterior a sus fronteras. No hay tan sólo que instrumentar un complejo dispositivo técnico, sino que hay que completar este filtro tecnológico con la revisión, por parte de un personal cualificado, de los materiales recibidos que sea capaz de paralizar y ensombrecer inmediatamente aquellos programas que se consideren ilícitos.

En segundo término, el informe contenido en el Libro Verde establece que el control anteriormente descrito atentaría contra la libre circulación de emisiones en el espacio comunitario. Por último, las condiciones jurídicas de transmisión y recepción de los programas no serían las mismas en todos los países, por lo que no se puede hablar de un mercado único con unas mismas condiciones de competencia en el seno de la Comunidad.

Por todo ello, el Libro Verde considera que se dan las circunstancias para proceder, en el plano del derecho comunitario, a la aproximación de las legislaciones de los diferentes países miembros a través de una Directiva. Esta Directiva tendría como objetivo establecer unas exigencias mínimas en el ámbito de la protección de los menores para las emisiones televisivas; estos requisitos serían de obligado cumplimiento. Quedarían los diferentes Estados miembros con la facultad de constreñir y elevar el listón de las exigencias, hecho que implicaría los necesarios controles estatales, pero ya superada la cota mínima de protección general que establece la Directiva.

A la hora de orientar los principios básicos que han de disciplinar los requisitos mínimos de protección a la juventud, requisitos que habrían de cumplir todos los países comunitarios, el informe destaca la necesidad de tener en cuenta las diferentes «tradiciones y modos de vida» de los países de la Comunidad. Junto a ello se insta a una utilización del valiosísimo material consistente en las diferentes soluciones legislativas adoptadas por los ordenamientos nacionales.

El objetivo último de la aproximación legislativa que ha de abordar la Directiva debería «prohibir la difusión de emisiones susceptibles de atentar gravemente contra la formación física, intelectual o moral de los niños o de los adolescentes», entre las que el Libro Verde pone como ejemplo «la pornografía dura», la representación de escenas de violencia, de crueldad o de barbarie y la incitación al racismo ». Las emisiones de carácter menos lesivo pueden amortiguar sus efectos sobre los jóvenes a través de su difusión en un horario nocturno. El Libro Verde recomienda, como mecanismo de cumplimiento de la Directiva, el recurso a las organizaciones de radiodifusión.

3. Regulación jurídica sobre publicidad

El Libro Verde aborda otra cuestión que se considera de vital importancia a la hora de hablar de la infancia y la juventud; se trata del análisis de la regulación jurídica que rige y organiza la publicidad, y más concretamente, la publicidad de ciertos productos cuyo consumo es nocivo para la salud. El documento comunitario analiza los diferentes ordenamientos de los países comunitarios con objeto de sacar las pertinentes conclusiones tendentes a una aproximación legislativa en este punto.

La publicidad radiotelevisada del tabaco está prohibida en todos los países de la Unión Europea, salvadas dos excepciones. En Grecia la prohibición tan sólo se extiende a los medios estatales y en Luxemburgo no existe ninguna prohibición en este sentido.

Respecto a la publicidad radiotelevisada de las bebidas alcohólicas, la uniformidad no es tan patente. Únicamente Francia posee un ordenamiento más restrictivo en este punto y el Código de los establecimientos de despacho de bebidas y de medidas contra el alcoholismo, en sus artículos L1, L14 y L21, agrupa los brebajes alcohólicos en cinco grupos de acuerdo con su gradación y características. La publicidad de las bebidas de los grupos 1, 2 y 4 (vino, cerveza, sidra; licores, ron, coñac...) se autoriza; se limita parcialmente la del grupo 3 (aperitivos a base de licor y licores de fruta), y se prohíbe para las bebidas del grupo 5 (whisky, vodka y ginebra). El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas consideró en su sentencia de 10 de julio de 1980 que estas disposiciones eran discriminatorias.

El resto de los ordenamientos europeos no prohíben genéricamente la publicidad de bebidas alcohólicas y se deja los aspectos concretos de esta regulación al autocontrol de los propios medios, vertebrado a través de los diversos códigos deontológicos en los que se observa un variado régimen de obligatoriedad. Desde aquéllos plenamente voluntarios, a los que poseen un cierto carácter coactivo. En el ámbito de este entramado regulador destacan algunas disposiciones que velan por la protección de la infancia y la juventud.

Así, en Dinamarca existe un código ético elaborado por los fabricantes que prohíbe la referencia y la incitación al consumo del alcohol entre los jóvenes y los deportistas. En Alemania las federaciones profesionales involucradas en el proceso publicitario han elaborado unas normas deontológicas voluntarias que prohíben el estímulo de los jóvenes al consumo de bebidas alcohólicas, así como la representación de campeones de certámenes deportivos bebiendo. En caso de infracción entra en juego el Consejo alemán de publicidad, órgano de autocontrol publicitario.

La regulación irlandesa tiene carácter normativo y especifica que la publicidad no deberá incitar a la bebida a los jóvenes. Además, si la publicidad presenta a personas en sociedad, éstas deberán tener 25 años como mínimo. La publicidad no debe asociar bebida a deporte, y no debe dar la sensación de que es posible beber y conducir un automóvil al mismo tiempo. Italia, Luxemburgo y los Países Bajos poseen códigos deontológicos y de autodisciplina publicitaria que prohíben incitar a los jóvenes al consumo del alcohol, la asociación entre el consumo de alcohol y la conducción de un vehículo, la asimilación de los efectos del alcohol al aumento de la vitalidad física o a la práctica deportiva.

En el Reino Unido, el Código IBA de normas y prácticas publicitarias prohíbe la asociación del alcohol al éxito social o sexual y la prohibición de dirigir la publicidad a los jóvenes, ni representar a personas que tengan la confianza de los jóvenes. Se mantiene la prohibición de relacionar el alcohol con la conducción automovilística.

El Libro Verde concluye con una valoración de la necesidad de aproximación entre los ordenamientos publicitarios comunitarios en materia de tabaco y alcohol. Su respuesta tiene un doble sentido. Respecto del tabaco recomienda imponer una prohibición general de publicidad en radio y televisión en atención a la protección de los consumidores y de la salud. Y no sólo del tabaco, sino de todos los productos elaborados a base de tabaco.

Sobre el alcohol, el Libro Verde no propugna una prohibición de la publicidad y por lo tanto admite el principio de la publicidad de estas bebidas para las emisiones transnacionales. Se deja, por tanto, en manos de las legislaciones nacionales la facultad de prohibir, en su ámbito, la publicidad de alcoholes. El Libro Verde recomienda regular tan sólo, en el plano europeo, determinadas restricciones que afectan a la publicidad de bebidas alcohólicas.

Avanzando por las guías trazadas en el Libro Verde se elabora una «Propuesta de Directiva del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión». Posteriormente nace una «Resolución del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para el ejercicio de las actividades de radiodifusión» (Boletín de Derecho de la C.E.E. nº 2º, 279-284), y que, preceptivamente dictaminada por el Comité Económico y Social, constituirán los inmediatos precedentes de la «Directiva del Consejo de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva».

4. La protección de menores en el Libro Verde

El capítulo V, bajo el título de «Protección de los menores », y su único artículo, el art. 22, ejerce como eje de toda la regulación de la protección de la juventud: «Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para garantizar que sus emisiones de televisión no incluyan programas que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores y, en particular, programas que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita. Esta disposición se extenderá asimismo a los programas que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores, salvo que se garantice, por la selección de la hora de emisión o mediante toda clase de medidas técnicas, que dichos menores en el campo de difusión no ven ni escuchan normalmente dichas emisiones.

Los Estados miembros velarán asimismo para que las emisiones no contengan ninguna incitación al odio «por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad».

Su contenido es mucho más rico y complejo que el que provenía de la Comisión y el Parlamento. En primer término se da una regulación más pormenorizada a la posibilidad de una distribución horaria adecuada, enfocada a evitar que los jóvenes vean y escuchen esas emisiones; y se abre la posibilidad de la utilización, con este mismo objetivo, de «toda clase de medidas técnicas». Esta innovación se introdujo tímidamente en la resolución del Parlamento.

En segundo lugar, se impone la obligación a los Estados de evitar, en los contenidos emitidos, cualquier incitación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad. Tanto la Propuesta de la Comisión, como la Resolución del Parlamento establecían únicamente la incitación al odio racial. Con ello se articula una gama de motivos mucho más completa y en mayor consonancia con el complejo entramado social de muchos países comunitarios. Destacamos el hecho de que se incluya en el capítulo y en el artículo dedicado a la protección de menores, una garantía general de no utilización de motivos afrentosos radicados en el manejo de argumentos basados en la raza, el sexo, la religión o la nacionalidad. Qué duda cabe que los jóvenes y los menores son los destinatarios de mensajes altamente incisivos en este terreno. Junto a ello se elimina la llamada a los Estados miembros para que garanticen que la difusión de emisiones sólo se realice si se respetan las exigencias planteadas anteriormente. Además se obligaba a los Estados miembros a que garantizarán la imposición a los emisores de medidas adecuadas para asegurar el respeto a las normas; elementos todos que hallamos en el art. 15 de la Propuesta de la Comisión y en el mismo de la Resolución del Parlamento Europeo.

La Directiva de la Unión Europea regula un segundo campo de vital importancia, ya lo hemos reseñado, respecto a la protección de la juventud: entramos en los terrenos de la publicidad. Respecto a la publicidad del tabaco y de las bebidas alcohólicas la norma comunitaria sigue las directivas marcadas por el Libro Verde y confirmadas tanto en la Propuesta de Directiva del Consejo como en la Resolución del Parlamento.

La publicidad sobre tabaco aparece regulada en el art. 13 que establece: «Queda prohibida cualquier forma de publicidad por televisión de cigarrillos y demás productos del tabaco ». En torno a la publicidad de las bebidas alcohólicas, la Directiva responde con una regulación que, sin prohibir de forma enérgica y taxativa, sí plantea una serie de restricciones en la conducta publicitaria. El artículo 15 aborda esta interesante cuestión y afirma que la publicidad televisada de bebidas alcohólicas deberá respetar los criterios siguientes:

a) No podrá estar dirigida específicamente a los menores ni, en particular, presentar a menores consumiendo dichas bebidas.

b) No deberá asociar el consumo de alcohol a una mejora del rendimiento físico o a la conducción de vehículos.

c) No deberá dar la impresión de que el consumo de alcohol contribuye al éxito social o sexual.

d) No deberá sugerir que las bebidas alcohólicas tienen propiedades terapéuticas o un efecto estimulante o sedante o que constituyen un medio para resolver conflictos.

e) No deberá estimular el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas u ofrecer una imagen negativa de la abstinencia o de la sobriedad.

f) No deberá subrayar como cualidad positiva de las bebidas su alto contenido alcohólico.

La transcripción del artículo revela una coincidencia con su precedente: el artículo 10 de la Propuesta de la Comisión del Parlamento Europeo. Hay, sin embargo, algunas curiosas modificaciones. El apartado b) de la Directiva establece la prohibición de asociar el alcohol a una «mejora del rendimiento físico», mientras que sus precedentes utilizan el concepto de «cualidades físicas»; el apartado d) de los dos borradores legislativos utiliza el concepto de «conflictos personales», mientras que la Directiva reseña tan sólo el término «conflicto» despojado de todo adjetivo. En el apartado f), los borradores de la Directiva mencionaban el hecho de «subrayar de forma indebida el contenido alcohólico de las bebidas», mientras que la Directiva establece la prohibición de «subrayar como cualidad positiva» no sólo el «contenido alcohólico», sino «su alto contenido alcohólico».

La Directiva de 3 de octubre de 1989 llega más allá de la protección de la juventud frente al mensaje publicitario. El importantísimo art. 16 se encabeza con la afirmación siguiente: «La publicidad televisada no deberá perjudicar moral o físicamente a los menores», en consecuencia, la Directiva establece cuatro criterios básicos que articulan los principios fundamentales en materia de defensa y protección de los menores. Estos criterios son:

a) No deberá incitar directamente a los menores a la compra de un producto o de un servicio, explotando su inexperiencia o su credulidad.

b) No deberá incitar directamente a los menores a persuadir a sus padres o terceros a que compren los productos o servicios de que se trate.

c) No deberá explotar la especial confianza de los menores con sus padres, profesores u otras personas.

d) No deberá, sin motivo, presentar a menores en situaciones peligrosas.

El artículo en cuestión ofrece una innovadora perspectiva en el ámbito de la defensa de los menores frente al mensaje publicitario indiscriminado. Destacamos los apartados b) y c) en los que se prohíbe al mensaje publicitario estimular el ámbito afectivo que engloba las relaciones con los menores y, no sólo sus padres, sino también profesores e incluso terceros.

Por otro lado, el cuarto principio deja en el aire el concepto de «situaciones peligrosas», situaciones que, sin motivo, no deben presentarse a través de la publicidad. Su redacción parece inclinarse hacia una idea de peligro «físico», pero su interpretación no puede excluir, por el carácter abierto de la redacción del artículo, otros tipos de peligros no materializables y de sentido psíquico o moral.

Si importante y compleja es la regulación de la protección de la juventud en la Directiva de 3 de octubre de 1989, no menos importante es la llamada que su articulado realiza a los diversos Estados integrantes de la Unión Europea para que acometan las reformas jurídicas pertinentes con objeto de incorporar y hacer realidad los principios de la misma.

La regulación de la protección de la infancia y la juventud en la Directiva comunitaria fue objeto, antes de que estuviera efectivamente aprobada, de una pregunta de Asunción Cruañes Molina, del Grupo Parlamentario Socialista, a la entonces Directora General de RTVE, Pilar Miró, sobre la aplicación en RTVE de las medidas de protección de los jóvenes y menores que contenía la Directiva de inminente aprobación. Tras deslindar los dos campos específicamente afectados, programación y publicidad, la Directora General insistió en que «respecto a la Directiva europea, lógicamente Televisión tomará buena nota de qué es lo que tiene que hacer para cumplir con ella» (Congreso de los Diputados, 1987).

Antes de abandonar la normativa comunitaria queremos hacer referencia a un importante texto jurídico de carácter supranacional: la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y que España ha ratificado el 30 de noviembre de 1990. En su articulado se reconocen y protegen a los niños determinadas facultades en el ámbito del Derecho de la Información.

Los arts. 12 y 13 garantizan y afirman el derecho a la libertad de expresión en un doble sentido; por una parte el derecho a expresar la opinión libremente –en todos los asuntos que afectan al niño y en función de su edad y madurez– y el derecho a la libertad de expresión en cuanto contienen la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio.

Con objeto de garantizar este derecho la Convención afirma el deber de dar a todo niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte (directamente o por medio de representante). Al mismo tiempo lo limita e impone dos fronteras al ejercicio del derecho a la libertad de expresión por los niños: «el respeto de los derechos o la reputación de los demás» (art. 13.2.a, véase el dudoso empleo de la unión disyuntiva), y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas (art. 13.2.b).

El art. 16, por su lado, impone una protección genérica al derecho al honor y a la intimidad: «Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra y a su reputación». Observamos sin duda una desatención al tratamiento individualizado del derecho a la propia imagen que no se refleja en el texto del artículo de manera autónoma y que únicamente podría entrar por la vía de la apropiación y el falseamiento de la imagen cuando esta acción tenga matiz difamatorio.

Por último, el art. 17 de la Convención establece una importante declaración de principios con objeto de estimular el papel educativo y formador de los medios de comunicación: «Los Estados partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán porque el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tenga por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental». La Convención plantea en este sentido cinco tipos de acciones a desarrollar por los Estados partes:

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir informaciones y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del art. 29 de la Convención, que plantea los objetivos hacia los que debe estar encaminada la educación de los niños y que son los siguientes:

• Desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física.

• Inculcar el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

• Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y de sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya.

• Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena.

• Inculcar al niño el respeto al medio ambiente natural.

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales.

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños.

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena.

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar.

Referencias

AROSO ASENJO, P. (1986): «Juventud, ética e información », en Revista de Ciencias de la Información, 3. Madrid, Universidad Complutense de Madrid; 55-61.

CEPE (1982): Documento de sesión 1981-92, documento 1-1. 013/81 de 23 de febrero de 1982; citado por «Libro Verde... », op. cit.; 239.

COMUNIDADES EUROPEAS (1989): «Propuesta de Directiva del consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión», en Boletín de Derecho de las Comunidades Europeas 2 , número extra; 279-284.

COMUNIDADES EUROPEAS (1989): «Resolución del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la comisión de las Comunidades Europeas al Consejo referente a la Directiva relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para el ejercicio de actividades de radiodifusión», en Boletín de Derecho de las Comunidades Europeas, 2, número extra; 287-297.

LIBRO VERDE (1984): «Televisión sin fronteras». «Libro Verde sobre el establecimiento del Mercado común de radiodifusión, especialmente por satélite y por cable». Boletín de Derecho de las Comunidades Europeas, 2. Madrid, Secretaría General del Congreso de los Diputados, número extra.

PARLAMENTO EUROPEO (1982): Punto 7 de la «Resolución sobre radiodifusión y televisión en la Comunidad Europea » de 12 de marzo de 1982; citado por «Libro Verde...», op. cit; 239.

SORIA, C. (1975): «Límites jurídicos a la información sobre delincuencia juvenil», Revista Española de Opinión Pública, 40-41, abril-septiembre 1975; 112-113.