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Revista Comunicar 13: Comunicación, educación y democracia (Vol. 7 - 1999)

Los contenidos audiovisuales y la salvaguarda de los derechos fundamentales

https://doi.org/10.3916/C13-1999-07

Manuel Núñez-Encabo

Abstract

La formación de la identidad cultural europea está estrechamente vinculada al papel que los medios de comunicación desempeñen en la difusión cultural y en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión. El autor resalta en este trabajo que el tratamiento jurídico y ético de los contenidos audiovisuales europeos está aún por resolver de manera adecuada, ya que si bien se ha actuado en la liberalización de las telecomunicación, aún resta el desarrollo de los aspectos culturales.

Keywords

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Los medios de comunicación principalmente audiovisuales por su indudable influencia son factores decisivos para la existencia de una formación y cultura europeas sin lo que no podrá avanzar ni la Europa política ni la Europa económica. La dimensión cultural y la protección de los derechos fundamentales y valores de la dignidad humana en el tratamiento de los contenidos audiovisuales es un tema de primera magnitud que sin embargo carece de un tratamiento jurídico y ético adecuado en Europa. La Unión Europea en el marco jurídico de sus Tratados se ha ocupado de los medios audiovisuales de manera directa o indirecta a través de cinco grandes apartados: a) En relación con la libre prestación de servicios; b) En relación con las telecomunicaciones; c) En relación con la sociedad de la información; d) En relación con la garantía de la competitividad económica; e) En relación con la cultura.

En primer lugar, el artículo 59-60 del Tratado de Maastrich de 1992 de la Unión Europea se refiere generalmente a la libre prestación de servicios dentro del marco interior junto con mercancías y capitales. Ello incluirá también la prestación de los servicios audiovisuales. En relación con las telecomunicaciones el artículo 129 del Tratado de 1992 señala que la Comunidad contribuirá al establecimiento y desarrollo de Redes Transeuropeas en los sectores de infraestructuras, de transporte, de las telecomunicaciones y la energía y se refiere también a la acción de la Comunidad y a la interconexión en determinadas actuaciones. Las telecomunicaciones tienen un trata miento como redes portadoras de señales, por tanto las referencias a lo audiovisual habría que entenderlas únicamente de manera indirecta como contenidos de las propias telecomunicaciones. El sector donde más ha actuado la Unión Europea es en la liberalización de las telecomunicaciones a través de varias Directivas, poniendo como fecha límite diciembre de 1998. El tratamiento comunitario de las telecomunicaciones se efectúa desde un punto de vista tecnológico y económico con la finalidad de hacer posible un libre mercado desde una posición claramente desrreguladora.

En relación con la sociedad de la información, es necesario recordar el informe Bangenmann «Europa en marcha en la sociedad de la información». Plan de actuaciones 1994, donde se tratan las telecomunicaciones y lo audiovisual desde un punto de vista tecnológico. Hay que recordar en este sentido que el artículo 130 del Tratado de 1992 se refiere a la investigación y desarrollo tecnológico como parte de la política de la Unión Europea. El desarrollo del sector audiovisual está sometido a las normas generales de garantía de la competitividad económica que se aplicarán también para evitar las posiciones dominantes en el campo de lo audiovisual. En este sentido, a lo audiovisual se le da el mismo tratamiento que a cualquier otra mercancía.

En relación con la cultura, el artículo 128/ 2 del Tratado de 1992 prevé la acción de la Comunidad en el ámbito de la creación artística y literaria, incluido el sector audiovisual, y se refiere concretamente a la cooperación entre los Estados. Pero el artículo 128/5 excluye de este ámbito la armonización del Derecho de los Estados miembros. El artículo 151, apartados 2º y 8º de Amsterdam de 1997 reproduce estas referencias en relación con los temas generales antes señalados. El aspecto cultural tiene un carácter restrictivo y se concreta fundamentalmente en relación con la ayuda para fomentar las industrias y empresas audiovisuales en el campo de la producción, por ejemplo el Programa Media 2, pero no hay una referencia concreta al desarrollo de sus contenidos específicamente culturales ni tampoco a las garantías del respeto de los derechos fundamentales y la dignidad humana en relación con los medios audiovisuales. Desde esta perspectiva no existiría competencia jurídica para concretar contenidos culturales y garantizar los derechos fundamentales.

Desde un punto de vista jurídico existe una insuficiencia en el tratamiento específico de lo audiovisual desde la Unión Europea y en la práctica existe una gran confusión con predominio de planteamientos tecnológicos o económicos sobre lo audiovisual. En este tema existen competencias de tres órganos políticos con actuaciones a veces contradictorias: en Tecnología, el Comisario Bangemann, en relación con la competitividad económica, el Comisario De Miert y en relación con lo audiovisual concreto e indirectamente sobre los contenidos, el Comisario Marcelino Oreja, que, a pesar de sus esfuerzos, ve frecuentemente sus competencias subordinadas a los otros dos Comisarios. Una cuestión que impide la acción más clara de la Unión Europea es que en los temas audiovisuales la acción comunitaria exige unanimidad para que las medidas sean efectivas, si no, solamente se podría hablar de recomendaciones.

Dejada constancia de la insuficiencia del tratamiento de lo audiovisual y de sus aspectos culturales por la Unión Europea, en relación con la protección de los derechos fundamentales y valores de la dignidad humana, en los contenidos audiovisuales hay que partir de la aplicación de la normativa general de la Unión Europea en materia de derechos fundamentales. El Tratado de 1992 se refiere en el artículo f, apartado 2º a los derechos fundamentales e indica que la Unión Europea respetará los derechos fundamentales tal y como se garantiza en el Convenio Europeo del Consejo de Europa de 1950. También señala lo mismo el artículo 6/2 de Amsterdam de 1997, que, explícitamente en el artículo 6/1, indica que la Unión se basa en principios de libertad, democracia y respeto de los derechos fundamentales. Sobre los contenidos audiovisuales, hay que tener en consideración la aplicación del artículo 10º, párrafo 2º del Convenio Europeo que indica «el ejercicio de estas libertades que entrañan deberes y responsabilidades podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la Ley que constituyen medidas necesarias en una sociedad democrática para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial». No cabe duda que la redacción de este artículo, condicionado por la situación de su época, debería tener una actualización más acorde con la realidad actual1. En materia de protección de los derechos fundamentales y valores de la dignidad humana se podrían aplicar de manera indirecta otros principios jurídicos de la Unión Europea. Es muy importante señalar la posibilidad de aplicar el principio de la subsidiariedad. El artículo 3B, párrafo 2º del Tratado de 1992 y el artículo 5º, párrafo 2º del Tratado de Amsterdam de 1997 indican que la Comunidad intervendrá sólo en la medida en que los objetivos de la acción no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueda lograrse mejor debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada en el ámbito comunitario. Por tanto, los que sean contenidos audiovisuales comunitarios, es decir, contenidos recibidos conjuntamente por los ciudadanos de varios países europeos serán de competencia directa de la Unión Europea y la Unión tendría competencia a través de la subsidiariedad en el tratamiento jurídico de los contenidos audiovisuales, por lo que, a través de este complejo proceso procedimental de la subsidiariedad, las competencias jurídicas sobre los contenidos audiovisuales podrían ser asumidas por la Unión Europea.

De manera directa en relación con lo audiovisual y sus contenidos existe una Directiva concreta denominada Directiva Televisión sin Fronteras «sobre coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados sobre televisión» 89/ 552 del Consejo Europeo de 3 de octubre de 1989, ya incorporada al Derecho español, y revisada por una nueva Directiva 97/36 de 30 de junio. Su fin principal es garantizar la libre difusión de programas audiovisuales entre los Estados miembros y salvaguardar las identidades europeas. Cuenta también con un mínimo de normas que están relacionadas con la protección de los derechos fundamentales, aunque limitadas casi exclusivamente a la protección de los menores. La base jurídica establecida por la Directiva2 es el ordenamiento del Estado (Cons. 12 y artículo 2,1) del que emanen las emisiones y basta con ajustarse a las normas de ese Estado, sin que quepa un control secundario normal de los Estados receptores (Cons. 15 y artículo 2,2). Sólo se admite la suspensión provisional de retransmisiones (Cons. 15 y artículo 2,2) por una serie de requisitos basados en la infracción manifiesta, seria y grave de las normas que el artículo 22 de la Directiva antigua imponía. El tipo de normas de estas Directivas son positivas refiriéndose, por ejemplo, a cotas de programas y negativas con prohibición de ciertos tipos de contenidos. En la nueva Directiva el artículo 22 que efectúa una distinción de diversos supuestos de acuerdo con el considerado nº 40, señala que «los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para garantizar que las emisiones de televisión de los organismos de radiodifusión televisiva bajo su jurisdicción no incluyan ningún programa que pueda perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores y, en particular, programas que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita.

Las medidas a que se refiere el apartado 1º se extenderán asimismo a otros programas que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores, salvo que se garantice por la elección de la hora de emisión o mediante toda clase de medidas técnicas, que, normalmente los menores que se encuentren en su zona de difusión no verán ni escucharán dichas emisiones. Además, cuando tales programas se emitan sin codificar, los Estados miembros velarán porque vayan precedidos de una señal de advertencia acústica y estén identificados mediante la presencia de un símbolo visual durante toda su duración». El artículo 22 señala:

• La Comisión prestará especial atención a la aplicación de las disposiciones del presente capítulo en el informe previsto en el artículo 26.

• La Comisión, en el plazo de un año a partir de la fecha de publicación de la presente Directiva, en contacto con las autoridades competentes del Estado miembro, llevará a cabo una investigación de las posibles ventajas e inconvenientes de otras medidas destinadas a facilitar el control ejercido por los padres o tutores sobre los programas que pueden ver los menores. Este estudio abarcará, entre otras cosas:

– La necesidad de que los aparatos televisivos nuevos estén equipados con un dispositivo técnico que permita a los padres o tutores filtrar determinados programas.

– El establecimiento de sistemas adecuados de clasificación.

– El fomento de políticas de televisión familiar y de otras medidas educativas y de sensibilización.

– La toma en consideración de la experiencia adquirida en este ámbito dentro y fuera de Europa, así como las opiniones de las partes interesadas tales como los productores, educadores, especialistas en medios de comunicación y asociaciones pertinentes.

De la anterior exposición se deduce una preocupación de la Unión Europea por los problemas de la protección de los derechos fundamentales de los menores. Faltan, sin embargo, en la práctica medidas efectivas y reales que se cumplan. La Directiva únicamente prevé que los Estados adopten las decisiones jurídicas oportunas en la práctica. Esto se traduce en la transposición nacional de la Directiva y se limita a sanciones administrativas y multas de los Gobiernos contra las cadenas de televisión en relación con sus contenidos y la realidad demuestra además que estas acciones no son efectivas; ya que los Gobiernos ante el poder de las televisiones se inhiben y las dejan sin efecto en la mayoría de los casos tal y como continuamente se denuncia por las Asociaciones de Usuarios de la Comunicación. Unas meras señales acústicas o símbolos visuales (rombos) resultan medidas ridículas para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los menores. En definitiva, el modelo americano del chip antiviolencia, que se anuncia por la Comisión Europea como posibilidad para el futuro, no será eficaz ya que se hace descansar sobre los padres o la familia el poner en la práctica unos mecanismos de control difíciles de emplear continuamente y una responsabilidad que en general va más allá de la preparación cultural y de su tiempo libre. La vigilancia sobre los contenidos de la televisión se debería extender no sólo a determinados programas, sino a toda la programación que se emite en cualquier horario y dedicada a una audiencia general en la que también puede haber vulneración de los derechos fundamentales de los menores. La vigilancia familiar de 24 horas en televisión es imposible.

El nuevo artículo 3,2 que señala que los Estados velarán por el cumplimiento de la Directiva añade en el párrafo 3 la mejora del acceso a la justicia previendo que los Estados establezcan procedimientos para que las terceras partes afectadas, incluidos los nacionales u otros Estados miembros, puedan recurrir a los órganos judiciales o a otras autoridades competentes. Se admitiría así la legitimidad jurídica de instituciones como los Consejos Superiores de lo Audiovisual y las Asociaciones de Usuarios de la Comunicación. También en la Directiva se faculta a los Estados de acuerdo con el Considerando 44 y el artículo 3,1 a aplicar normas más estrictas o detalladas en los ámbitos regulados incluidas las normas relativas a la consecución de objetivos de política lingüística, la protección de interés público en relación con la función normativa, educativa, cultural y de entretenimiento de la televisión y a la necesidad de salvaguardar el pluralismo en la industria de la información y en los medios de comunicación, así como la protección de la competencia.

Limitada a la protección de menores, falta, sin embargo, en la Directiva una referencia explícita a la salvaguarda de los derechos fundamentales de la persona como tal en los contenidos audiovisuales, lo que me parece un error importante. De ahí el absurdo, por ejemplo, de limitar el artículo 22 bis sólo a los menores. Por otra parte, siguiendo el modelo americano, la salvaguarda de los derechos fundamentales se deja más a expensas de la diligencia o pasividad de los receptores, ciudadanos y no a la responsabilidad de los emisores, las empresas informativas. En esta Directiva se refuerzan las disposiciones sobre el derecho de réplica (artículo 23).

Las disposiciones en el capítulo sobre la publicidad son semejantes y quedan prácticamente inalteradas en relación con la anterior Directiva, salvo la incorporación de la televenta y la autopromoción. Éste es un capítulo más coherente, donde se hace referencia general a los derechos fundamentales indicando que no se deberá atentar contra el respeto a la dignidad humana incluyendo elementos de discriminación por raza, sexo o nacionalidad, atentar contra las convicciones religiosas o políticas, fomentar comportamientos perjudiciales para la salud o para la seguridad ni para la protección del medio ambiente. Además se indica que la publicidad y la televenta no deberán perjudicar moral o físicamente a los menores y deberán respetar toda una serie de criterios para su protección. Se regulan también los requisitos que deben cumplir los programas de televisión patrocinados. En relación con los contenidos y la publicidad habría que recordar también las Directivas europeas en la materia como, por ejemplo, la Directiva sobre protección, sobre publicidad engañosa y la nueva Directiva que incluye en la publicidad engañosa a la publicidad comparativa.

Las medidas para la protección de programas europeos afectan al carácter cultural de los contenidos audiovisuales. En la nueva Directiva se confirma el sistema de cuotas de difusión ampliándolo a coproducciones con terceros países no comunitarios. Sigue siendo, sin embargo, una medida inconcreta ya que señala «que las cadenas de televisión reservarán siempre que sea posible y con los medios adecuados una proporción mayoritaria de su tiempo de emisión a las obras europeas». También en esta nueva Directiva se incluye como novedad el tema de la retransmisión de acontecimientos deportivos. Para ayudar al cumplimiento de la Directiva, se crea bajo los auspicios de la Comisión un Comité de Contacto Plurinacional. Estas normas, insuficientes, pero importantes, son vistas con recelo por los poderes mediáticos de los Estados miembros. Por ello en la mayoría de los países no se ha traspuesto la Directiva a través de las legislaciones nacionales a pesar de que como plazo máximo se prevé el 30 de diciembre de 1998. También pueden señalarse otras acciones comunitarias que se podrían aplicar indirectamente a los temas audiovisuales, como, por ejemplo, la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 20 de enero de 1997 sobre la integración de los aspectos culturales en las acciones de la Comunidad. En esta Resolución se señala que se evaluará periódicamente la acción promovida en las políticas en el terreno de lo audiovisual y de las telecomunicaciones, especialmente en las cuestiones relativas a la sociedad de la información y a las industrias de los programas.

No voy a referirme al Libro Verde de la Comisión Europea de protección de menores y de la dignidad humana en los nuevos servicios audiovisuales y de información de 1996 y a la adopción de posición común Comisión-Parlamento adoptada en mayo de 1998, porque afectan fundamentalmente a los servicios relacionados con Internet. Sí deseo señalar que debería haber una mayor conexión entre las bases de tratamiento de protección de menores de estas actuaciones con las medidas que se señalan en la televisión sin fronteras. A ello debería contribuir, entre otras cosas, el último documento de la Comisión Europea que afectará al tratamiento de los contenidos audiovisuales en relación con los continentes, es decir, con las redes de telecomunicaciones. En diciembre de 1997 la Comisión Europea publicó un Libro Verde redactado por los servicios de los Comisarios Bangermann y Marcelino Oreja titulado «La convergencia de los sectores de las telecomunicaciones, los medios (audiovisuales) y las tecnologías de la información (Internet) y las implicaciones para la reglamentación». El documento se pregunta sobre la necesidad de hacer también converger las reglamentaciones en estos tres campos. Existirían varias alternativas: mantenimiento del confuso modelo actual, un tratamiento separado para los nuevos servicios (Internet) y un nuevo modelo unificador. La situación conduciría a:

1) Que se traten por separado continentes (telecomunicaciones) y contenidos (medios audiovisuales) sin considerar las vinculaciones mutuas y los posibles desencuentros y confrontación entre ellas.

2) Que lo audiovisual, la televisión y los contenidos se traten indirectamente sólo como un objeto más de los continentes, es decir, como un objeto secundario de las redes de telecomunicaciones con las consecuencias de tratamientos principalmente mercantiles minusvalorando el tratamiento cultural y los derechos fundamentales. La consecuencia sería la desregulación en esta materia.

3) Que los continentes (telecomunicaciones) sean tratados partiendo principalmente de la singularidad de los contenidos y por lo tanto teniendo en consideración la perspectiva de la cultura de los derechos humanos y la necesaria regulación o autocontrol.

Estas alternativas se plantean también en los Estados internamente, por ejemplo, en Francia existe por separado el Consejo Superior de lo Audiovisual y la Autoridad de Regulación de las Telecomunicaciones. En España existe la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la demanda de creación de un servicio de lo Audiovisual. Para comprender y tratar de manera integral toda la problemática relacionada con los servicios audiovisuales es necesario partir, tal y como explícitamente se señala en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento sobre política audiovisual (Com. 90-78), de un doble componente: por una parte, la transmisión de señales de radiodifusión que constituyen el continente de los servicios de radiodifusión y, por otra, la programación en que se articulan estas señales y que constituye su contenido.

La existencia del primer componente determina la vinculación de los servicios audiovisuales al sector de las telecomunicaciones al que se debe, consecuentemente, considerar en su conjunto. En efecto, la reglamentación de la transmisión de señales de radiodifusión (la armonización comunitaria no afecta, sin embargo, al derecho de establecimiento) experimentó una liberalización en la Comunidad, al igual que los otros servicios de telecomunicación.

El segundo componente de los servicios de radiodifusión introduce, en cambio una especificidad sectorial por afectar al contenido de las señales de radiodifusión. Efectivamente, el contenido transmitido por estas señales está sometido a reglamentación (en los Estados miembros, en la Comunidad y en los países terceros) por la función de vector de las identidades culturales que desempeña la radiodifusión. Nos encontramos, pues, con una especificidad cultural como contrapartida a la liberalización de la transmisión de señales de radiodifusión y que introduce necesariamente un aspecto cualitativo en esta liberalización. Consecuentemente con estas premisas de la citada Comunicación de la Comisión, el punto de partida de las negociaciones con la regulación del mercado mundial de la Ronda de Uruguay (GATT) fue señalar explícitamente: «una liberalización garantizada por la Comunidad: el mercado interior del sector audiovisual tiene ya importantes consecuencias para la producción industrial audiovisual de nuestros socios por no haber impuesto a la Comunidad la condición de reciprocidad. Como corolario, esta liberalización no debe afectar a la especificidad cultural del contenido de las señales, cuya transmisión está totalmente liberalizada. La especificidad cultural plantea objetivos de política cultural que han sido reconocidos en Montreal por tres razones: responde a las preocupaciones que suscita la identidad cultural y lingüística, que hay que proteger; es parte integrante de una parte amplia del mercado único en el sector audiovisual y garantiza el desarrollo armonioso de éste; es una medida que han tomado numerosos países (por ejemplo, Australia, Canadá) con iguales objetivos».

Es necesario señalar la contradicción existente en Europa en relación con el tratamiento adecuado de los contenidos audiovisuales. Por una parte, en la negociación de la Ronda Uruguay se defiende por la Comisión Europea el carácter cultural de los contenidos audiovisuales y, por otra, en el interior europeo, los países condicionados por los poderes mediáticos reducen el tratamiento de los servicios audiovisuales al tema relacionado con los continentes de las redes tecnológicas de las telecomunicaciones olvidándose de los contenidos audiovisuales como cultura y de la protección de los derechos fundamentales. Es necesario recordar la Comunicación citada de la Comisión en la que con total conformidad de los empresarios europeos de lo audiovisual se fija la posición europea en la Ronda Uruguay señalando «que la Comunidad aborda esas negociaciones con el firme objetivo de alcanzar una liberalización internacional (telecomunicaciones) dentro de los límites de la realizada en el interior de la Comunidad, es decir, dejando intacta la especificidad cultural del sector y las medidas comunitarias derivadas de dicha especificidad». Se defendía así la excepción cultural de lo audiovisual en Europa. De forma paradójica, internamente, los poderes mediáticos se han olvidado de ese aspecto cultural y desean reducir todo el tratamiento de los medios audiovisuales a una cuestión mercantil desregulada, ante la pasividad de los poderes políticos.

Pienso que es un hecho la vinculación y relación de las telecomunicaciones con lo audiovisual. Se deben distinguir aspectos pero no considerarlos como algo separado e incomunicado. Actualmente, la situación es que los continentes (emisores) determinan los contenidos, por ejemplo, la concentración de los medios de comunicación y los monopolios afectan a la libertad de expresión y pluralismo de la información y condicionan los contenidos informativos, por lo que continentes y contenidos deberían ser tratados como las dos caras de una misma moneda desde el predominio, a mi juicio, del aspecto cultural y de protección de los derechos fundamentales de la persona, que deberían salvaguardarse en los contenidos audiovisuales y que deberían condicionar el tratamiento jurídico de los emisores o continentes. Distinguiendo, aunque separando continentes y contenidos, es necesario adoptar una clara distinción legislativa entre contenidos y las redes tecnológicas por los que estos se emiten, tal y como se recuerda en la Conferencia Audiovisual Europea organizada por la Unión Europea celebrada en abril de 1998 en Birmingham.

Actualmente, el debate sobre el citado Libro Verde de la convergencia debería servir para clarificar y distinguir en el tratamiento de los medios audiovisuales la especifidad cultural de los contenidos y sus efectos condicionantes en el tratamiento de las telecomunicaciones (continentes). Sólo así Europa garantizaría su identidad que reside en reservar sus valores culturales y en el respeto de los derechos fundamentales. Por ello, no solamente serán necesarias normas jurídicas adecuadas sino también es imprescindible asegurar el autocontrol periodístico a través de la aprobación de los Códigos Deontológicos adecuados tal y como se señala en el Código Europeo de Deontología del Periodismo del Consejo De Europa. Actualmente hay un desfase y una descoordinación en el tratamiento jurídico y ético entre los medios de comunicación escritos (prensa) y audiovisuales. Aunque existen algunas normas generales comunes relativas a la vida privada y a temas de responsabilidad penal y publicidad, hay otras cuestiones como la protección de menores regulada en lo audiovisual y no en la prensa. Concretamente en relación con el autocontrol deontológico hay referencias tradicionales aunque insuficientes, en el sector de la prensa, inexistentes, sin embargo, en el audiovisual. Todos los medios de comunicación reflejan objetivos comunes de servicio público e interés general y por tanto es necesario partir de un tratamiento jurídico y ético básicamente común con las especificaciones propias de la singularidad de cada sector.

En definitiva, el tratamiento jurídico y ético de los contenidos audiovisuales europeos está aún por resolver de manera adecuada.

Notas

1 Ver en este sentido Freedom of Expression and Human Rights Protection. Bruselas, Naumann Fundation, 1997.

2 Las raíces jurídicas, origen de esta Directiva, están en una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia nº C52/79, 18 de marzo 1980. Discal del Rey contra Marc J. V.C. Delauve.