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Revista Comunicar 15: Medios de comunicación y educación para la solidaridad (Vol. 8 - 2000)

Solidaridad y medios de comunicación

https://doi.org/10.3916/C15-2000-05

Rafael-J. Terán-Giménez

Abstract

El periodista es hoy, más que nunca, depositario de un patrimonio que no es suyo; que es de la propia sociedad a la que sirve, y que exige credibilidad, confianza, honradez en el ejercicio de una profesión que ha de tener como objetivo la defensa de los valores democráticos y de los derechos de la persona. Tratar sobre la solidaridad y los medios de comunicación es reflexionar sobre la necesidad de información como un derecho humano básico que es propiedad de todos los ciudadanos, al que el periodista sirve y del que actúa como garante.

Keywords

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Según una encuesta realizada en 1998 para la Federación de Asociaciones de la Prensa, por la empresa Eco Consulting, los periodistas son el segundo colectivo al que los ciudadanos reconocen un mayor índice de profesionalidad (51,2%), aún a pesar de que la guerra entre los medios de comunicación sea la principal causa de la pérdida de credibilidad en este colectivo que, cada día recibe apenas el 10% de la información que se produce, de la que al receptor llega otro 10%.

En una época en la que la creciente concentración de medios de comunicación –consecuencia de planteamientos económicos, políticos y monopolísticos– lleva a la globalización del periodismo como práctica profesional y al riesgo de una uniformidad informativa que coarte la libertad de expresión, plantear un análisis de las relaciones entre el concepto solidaridad y los periodistas, no puede ser ajeno al análisis de las relaciones que este concepto tiene con los medios de comunicación.

Aunque las nuevas tecnologías son un sector estratégico a nivel mundial, es evidente que con su implantación y la puesta a disposición de los ciudadanos de formas infinitas de acceder a la información, al margen de consideraciones teóricas, se mantienen las distancias entre ricos y pobres, y aún no se han roto las tradicionales barreras sociales, ni la relación diferenciadora entre Norte y Sur... El periodista, como otros ciudadanos, vive esta situación desbordado por los acontecimientos, sometido a un permanente reciclaje profesional e individual, sin saber muy claramente cuáles son los resultados de su función social, inmerso en la vieja polémica sobre si, desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948, debe comprometerse o no, con la implantación de tales derechos, y cuáles son las mejores formas de hacerlo con los medios de que dispone.

El artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dice que «la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre; todo ciudadano puede, en consecuencia, hablar, escribir e imprimir libremente, sin perjuicio de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley».

Que el conocimiento es una fuente de poder, es una evidencia admitida. En el mundo actual, uno de los rasgos identificativos de la pobreza es la falta de acceso del individuo a la información que necesita. Tener acceso a la información confiere rango de ciudadano y, por tanto, es lógico afirmar que, en teoría, los medios de comunicación, al facilitar este acceso están contribuyendo a aumentar la igualdad de oportunidades en todo el mundo.

El artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos dice que «todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión». Sin embargo, son crecientes los estudios que ponen de manifiesto que la mundialización de la información uniformiza, trivializa, simplifica y reduce la importancia de los conocimientos que el individuo puede adquirir. También establecen que cada vez ofrecemos más información del Primer Mundo y menos del Tercer Mundo, negando aún más si cabe, la posibilidad de que se produzca un intercambio informativo y cultural en el que las llamadas «minorías» tienen cerradas las puertas de las vías de acceso a los medios de comunicación.

La percepción que tenemos de los grupos sociales a los que no pertenecemos, o no podemos observar, no es fruto de la información que ellos mismos nos ofrecen, sino que se modela en parte a través de los medios de comunicación. El escritor Augusto Roa Bastos, considera que «uno de los efectos verdaderamente revolucionarios de las comunicaciones actuales, es el de haber reducido y relativizado las dimensiones de tiempo y espacio a escala planetaria », permitiendo que sepamos al instante qué ocurre en los lugares más apartados del mundo; uniendo a los habitantes de zonas antípodas en apenas milésimas de segundo, por lo que en su opinión, «las comunicaciones escritas y audiovisuales son un símbolo de la unión que debería existir entre los países del mundo, sobre todo, en la práctica cotidiana de las relaciones entre los pueblos», por lo que atribuye a la libertad de expresión un papel estabilizador y estimulador de las instituciones democráticas que cree necesario e insustituible, que evoluciona «con la vida de las sociedades al ritmo general del progreso humano».

Para Roa Bastos el funcionamiento normal de las actividades de comunicación «es sinónimo del derecho a la libre expresión de las ideas, a la libre circulación de la información, al libre ejercicio de la crítica, sin más limitaciones que las que prescriben las instituciones y las leyes de un efectivo Estado de derecho, o en su defecto, las convenciones que emanan de los usos y costumbres civilizados», y ante esta nueva situación se hace preciso que los periodistas ejerzan también una función didáctica, enseñando a los receptores de la información a ejercer un comportamiento activo ante los medios de comunicación, cumpliendo así parte del compromiso que, como profesionales, tienen con la sociedad y que tan lejos está de la pretendida legitimación de su éxito en razón de las audiencias o influencias que tienen, tergiversando e incluso envileciendo el fin fundamental de su cometido como agentes de la sociedad a la que sirven y de la que son intermediarios.

Lo cierto es que los medios de comunicación condicionan el comportamiento social.

Sin embargo, han de ser complementarios con la sociedad; son intermediarios y mediadores y, ante los retos que se presentan, tienen que ver más con un modo de organización de la sociedad, con un dispositivo que, según Armand Mattelart, director del Departamento de Comunicación de la Universidad de Rennes, «se aplica coherentemente con una idea de orden social, por la que hay que concebir la comunicación como un resorte exterior que, después, si hace mella en la sociedad, se convierte en cultura».

La función social de la información consiste en el respeto, la garantía y la efectividad del derecho humano a la información y, según Denis McQuail, «la institución de los medios de comunicación está comprometida con la producción, reproducción y distribución del conocimiento, en el sentido más amplio de la expresión ».

Desantes Guanter comparte el criterio de que la información, como objetivo fundamental de los medios de comunicación, significa «una consciente influencia en la marcha de la historia, en el pensamiento, los sentimientos y la actuación de las personas», por lo que la función pública de la información es compatible con el derecho humano a la información, justificado «por la idea de que su ejercicio sólo se legitima en función del bien de la comunidad». Considera que informar constituye un poder que puede llevar a la información, dirigida siempre al individuo sólo o en colectividad, pero nunca a la masa, a tratar de cumplir satisfactoriamente su función pública, exactamente igual que ocurre con los poderes públicos.

En los últimos años los medios de comunicación se han esforzado por difundir valores de tolerancia y convivencia pacífica entre distintos grupos étnicos, a pesar de lo cual aún siguen publicándose informaciones discriminatorias, que han obligado a numerosos colectivos profesionales a reclamar a los periodistas mayor preocupación y sensibilidad al informar sobre minorías, observando valores de solidaridad, igualdad y respeto por las diferencias, complementarios con las normas deontológicas con que se rige el ejercicio de esta profesión.

Los medios de comunicación ocupan un lugar preferente entre los ciudadanos, en nuestra propia rutina, en nuestros hábitos de vida. Sin información no hay relaciones sociales. Lo que importa es que la libertad de expresión y de pensamiento no se subordine ni sacrifique a las estrategias de mercado impuestas en los propios medios, para conseguir su rentabilidad y supervivencia como empresas que son.

Diversos comunicólogos opinan que el mayor problema que se tiene es poder llegar a una sociedad civil «que sea consciente del papel de la comunicación y cómo puede afectarle, tanto por su fuerza simbólica como por el papel de representación que ostenta sobre el modelo social», en momentos en los que ante un escepticismo generalizado, una falta de fe en las cosas, se está produciendo cierta concienciación a partir de la experiencia cotidiana de cada uno de los individuos que forman parte de la sociedad; motivos que por sí justifican la necesidad de recuperar la sociedad civil, siendo conscientes de que «la comunicación es demasiado importante como para dejarla a la lógica del mercado ».

Una información libre y objetiva es una condición, una exigencia moral para una sociedad democrática. Libertad política, prensa libre, democracia, e información deben ser indisolubles. No se puede asegurar la existencia de ninguno de estos conceptos sin que esté acom pañado del otro. La libertad de información es lo que más claramente diferencia una dictadura de una democracia. Los medios de comunicación social son, en democracia, agentes fundamentales del diálogo social porque dan a conocer los hechos y proporcionan los datos necesarios para que los ciudadanos puedan formar su opinión; son el soporte con el que llegan a hacer su interpretación de la realidad bajo postulados libres y racionales. La libertad de expresión es la base para la libertad de pensamiento, y si la opinión necesita de medios de expresión para poder difundirse y colaborar a crear estado de opinión entre los colectivos sociales, cualquier pensamiento necesita poder comunicarse para que tenga valor social.

Según el catedrático Juan José Solozábal, «sin los derechos de comunicación libre, la participación política sería una actuación ciega pues el ciudadano no podría distinguir entre las diversas opciones y los gobiernos carecerían de ese embridamiento que el seguimiento de una opinión pública informada supone y que es un instrumento de contención política esencial». En su opinión, la actuación de los periodistas en una democracia, como la de todos los agentes sociales, «ha de estar presidida por la racionalidad y la responsabilidad», y la libertad de expresión, como derecho ejercido profesionalmente por los periodistas, no puede ser considerado nunca como un derecho absoluto. Ante los frecuentes ataques a la libertad de expresión y abusos a que está sujeta, se reclama que en democracia se exija rigor en la información, preocupándose los periodistas por contrastar las informaciones y ser imparciales en su redacción, sin que los medios de comunicación pierdan su capacidad crítica, o su independencia.

Aunque el derecho a la información haya sido incluido en las Constituciones de los países democráticos, las relaciones entre poder e información, siempre han sido tensas, como tensas han sido las relaciones entre el poder y los ciudadanos, que ven en los medios de comunicación un escaparate permanente de las aspiraciones de la sociedad. Democracias y dictaduras suelen coincidir en su tentación de utilizar a los medios de comunicación como vehículos de uso de la información como instrumento de poder, estableciéndose verdaderas luchas por el control de los medios, paso previo para controlar las consecuencias sociales de su uso.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) establece que el papel de los medios de comunicación en una sociedad democrática es el de aplicar los principios de la libertad de prensa, de los que dependen la libertad de expresión y de opinión. Establece también que «la democracia depende de la ampliación de la libertad de expresión y la justicia social a nivel mundial» y otorga a los periodistas un papel fundamental en la creación y el mantenimiento de una cultura democrática de los medios.

En el Congreso que la FIP celebró en Montreal (1992) se redactó un Manifiesto por una cultura democrática de los medios en el que se definía la libertad de prensa como «la libertad esencial para permitir que los periodistas, redactores, escritores y locutores defiendan el interés público publicando los hechos y opiniones, sin los cuales un electorado democrático no puede tomar decisiones responsables».

Pasquale Nonno, director de Il Mattino, de Nápoles, cree que «el periodismo no es una técnica, sino una profesión de empeño civil; y es la profesionalidad la que debe dar la medida y el límite de la voluntad del editor y la garantía de los lectores, en la que los periodistas deberán defender unánimemente este papel que les diferencia de tantos otros altos funcionarios o empleados especializados, que les hace protagonistas de la vida civil» y critica a los periodistas que creen que son libres si militan bajo las insignias de un editor con el que sintonizan políticamente, convencido de que un periodista, alistado bajo cualquier bandera, acaba siendo menos libre porque se empeña «no en buscar la verdad, sino aquella verdad que es cómoda a su tesis o al propio dueño, y en consecuencia, acaba siendo menos periodista».

Como afirma Justino Sinova, «la democracia es imposible sin información; la informa ción es imposible sin periodistas sinceramente independientes, dispuestos a enfrentarse al poder político, sea el que sea, y cuando sea necesario, para ofrecer su trabajo veraz a la sociedad».

En una sociedad democrática, el periodismo, que es consecuencia de la comunicación de masas, tiene como funciones fundamentales, contribuir a la integración social del individuo en la sociedad en que vive, e informar de la gestión de los gobernantes para que el pueblo pueda ejercer directamente el control del poder.

Ante el futuro que se nos avecina, con unos límites imposibles de establecer en el desarrollo de nuevas formas de comunicación, la existencia de una gran oferta informativa, y el previsible matrimonio entre las tecnologías de la comunicación y la informática, puede llevar –y de hecho ya se dan casos– a intentos por controlar totalmente las fuentes de información por parte de sectores dominantes, por lo que el periodista debe tender a tener cada vez un mayor grado de especialización para interpretar correctamente la información que le llega.

Se abre paso el periodismo de investigación, relacionado con el grado de libertad de una sociedad, de forma que, cuanto menos libre sea esa sociedad, más necesario se hace este periodismo, aunque la función del periodista no debe confundirse con la del político, porque en una sociedad democrática, el periodista no tiene medios y autoridad para sustituir a los representantes del pueblo.

La facilidad de acceso a las fuentes de información, desde cualquier punto del mundo, permitirá que los medios más débiles tengan posibilidad de acceder a los grandes centros de decisión a través de la información que generen; el periodista tendrá que personalizar su mensaje para audiencias concretas, potenciando así el llamado «nuevo periodismo», cuya misión, según Fernando Ripoll Molines, es «hacer una sociedad más solidaria, contribuyendo a que todos los individuos estén integrados en ella, y más justa, controlando al poder mediante la denuncia de aquello que le separa del modelo que tiene que cumplir»... Augura así un periodista profesional con mayor prestigio, más independiente y con un mayor compromiso social.

Andrew Mango dice que para que los medios cumplan con su deber de informar necesitan «profesionales con conocimiento, experiencia, habilidad e integridad... aunque puede ser que en ocasiones resulte imposible decir toda la verdad; ahora bien, es verdaderamente imposible el ser absolutamente imparcial y el eliminar la influencia de la propia educación, personalidad y creencias... aunque es importante el tener la verdad como objetivo, el intentar ser imparcial ».

El periodista, al realizar su trabajo, satisface una necesidad social que transciende a la propia empresa de prensa: sirve a la comunidad informándola, y contribuye al libre desarrollo de la libertad de la persona humana. Su ejercicio de libertad exige independencia, pero a su vez, obliga a tener acceso a los hechos y a las fuentes y, según Desantes Guanter, el servicio público del periodista «no presupone una autonomía absoluta dentro de la empresa, pero exige que su trabajo se desarrolle con una independencia que garantice la libertad de información ».

Llegamos así al polémico tema del autocontrol, de la regulación de la profesión periodística, de la deontología profesional que, para el expresidente de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, «es un asunto de periodistas y no de los poderes públicos, ya sean nacionales o internacionales ».

Aún hoy no se ha llegado a un acuerdo sobre la definición del concepto de deontología, aunque sí parecen asumidas la responsabilidad social de los medios y la inclusión de conceptos como: rigor, honestidad, verdad, buena fe, libertad de expresión, etc. en una global definición de la deontología periodística, en momentos en los que ciertos agentes sociales se sienten legitimados para ejercer presiones sobre la libertad de informar y los ciudadanos sienten escepticismo y desconfianza hacia los medios de comunicación.

Respecto a la libertad de prensa, los textos constitucionales suelen ser muy ambiguos, limitándose apenas a referirse al derecho a la información, más que a la libertad de prensa, por lo que el periodista se ve obligado, cada vez más, a someterse a autocontrol como forma de defensa de la libertad de expresión, de su propio ejercicio profesional y del pretendido control por parte de los Gobiernos, que en muchos casos imponen reglas de funcionamiento que caen en la tentación fácil de rozar el límite entre el respeto de las libertades y la limitación de las mismas.

Los periodistas suelen estar en conflicto entre sus convicciones éticas y la legislación, aunque el secreto profesional es un derecho y un deber moral para la mayoría de los profesionales, que tienen en este tema una de las grandes cuestiones aún planteadas en el derecho a la información.

Según Desantes Guanter, «el desequilibrio entre normas éticas informativas y jurídicas, penales o procesales, es demasiado general en la mayor parte de los países, lo que coloca al informador en una situación incómoda respecto a su propia conciencia y a su sentimiento de solidaridad con sus colegas, y peligrosa, dada la amenaza represiva que sobre él pesa legalmente ». En su opinión, la información no es una libertad concedida, sino un derecho innato desde el momento en que lo es la participación, por lo que defiende que la libertad de prensa deje su puesto en las Constituciones, al derecho a la información. La sociedad actual necesita de periodistas-comunicadores, capaces de valorar, analizar, comprender y explicar lo que está pasando, e incluso, a veces, lo que va a pasar.

Para Calvo Hernando, el periodista de este tiempo ha de ser un «instrumento positivo y creador al servicio de la educación popular y del desarrollo integral del ser humano, en un sistema de ayudas para que el hombre de nuestra era pueda participar en la aventura del conocimiento».

No son nuevas las normas que desarrollan las bases por las que la FIP establece las implicaciones que la práctica del periodismo tiene en una democracia verdadera; bases que, en sí mismas, dejan clara la relación que el periodismo tiene con la defensa y desarrollo de la solidaridad, como una de las bases de su función social. En ellas se incluye el respeto al derecho del público a ser informado; la recogida de la información por medios legales; la presentación adecuada de informaciones, comentarios y críticas, evitando los atentados injustificados a la vida privada, la difamación y las acusaciones infundadas; la rectificación de toda información publicada o difundida que se confirme como gravemente inexacta; el secreto profesional sobre las fuentes de información, y entre dichas bases, la de no alentar la violencia, odio, intolerancia o discriminación, basada en la raza, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, la política u otras opiniones, y los orígenes nacionales, regionales o sociales.

El periodismo, ejercido al servicio de la libertad de expresión, es la mejor evidencia de que esta profesión se basa en los derechos y libertades fundamentales que están protegidos por la Convención Europea de los Derechos del Hombre, y por tanto, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

A nadie puede ocultarse que no todos y no siempre se observan tales preceptos, pero es evidente que la creciente conciencia de los periodistas hacia la necesidad de salvaguardar unas mínimas normas deontológicas en el ejercicio de su profesión, por encima de presiones o intereses mercantiles, políticos o empresariales, es la mejor garantía de que los estrechos vínculos entre periodismo, medios de comunicación y solidaridad, lejos de romperse, están inevitablemente condenados a estar cada vez más unidos.