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Revista Comunicar 18: Descubrir los medios (Vol. 9 - 2002)

Perspectivas de la educación para los medios en Venezuela

https://doi.org/10.3916/C18-2002-18

Maurice Brunner-Seco

Abstract

Las expectativas abiertas por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente para la Educación para los Medios en Venezuela son una importante vía para que los niños y los jóvenes puedan llegar a ser receptores críticos y creativos en el uso de los medios, sin embargo existe el peligro de que se instrumentalice esta ley por distintos sectores. El autor plantea que el fortalecimiento de las instituciones, la producción de investigación y la formación de investigadores beneficiaría y facilitaría la implantación de la educación para los medios.

The outlooks open by LOPNA for media education are an important way to children and adolescents can be able to more creative and active receivers with media, how-ever there is a danger if this law is manipulated by different groups of people. The author outlines that the institution strengthening, the research works, and training researcher would benefit media education.

Keywords

Perspectivas de la educación en medios, medios audiovisuales, infancia, adolescentes, investigación

Outlooks in media education, Media, childhood, adolescents, research

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En Venezuela, al igual que en la mayoría de los demás países de América Latina, las prácticas de lo que en los últimos años se viene conociendo como educación para los medios o educación para la comunicación han estado generalmente circunscritas, al menos hasta hace poco tiempo, a experiencias aisladas, discontinuas y de carácter no formal, surgidas desde y desarrolladas por instancias eclesiales católicas, organizaciones no gubernamentales, instituciones culturales y académicas públicas o privadas y, en menor medida, por algunos organismos estatales o paraestatales de atención a la infancia.

Aún cuando hay evidencias de la existencia de prácticas proto-edu-comunicativas desde tiempos tan remotos como la década de 1950 1, las experiencias venezolanas más sistemáticas de educación para los medios (en adelante, EPM) datan de la década de 1970 y, sobre todo, de la década de 1980, período este último durante el cual se produjo cierto florecimiento del arte. En los últimos años, tras casi una década de latencia activa y atenta a lo que en este sentido ocurría tanto en la región latinoamericana como en el resto del mundo, en Venezuela asistimos, gracias a un conjunto de factores de los que daremos cuenta en el presente artículo, al resurgimiento del interés y la preocupación colectivos por la EPM.

El principal factor desencadenante de este renovado interés proviene sin duda del hecho que, desde su promulgación en 1998 y su entrada en vigencia en 2000, la EPM figura en el articulado de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (e n adelante, LOPNA) 2. En efecto, esta novísima y avanzada Ley, basada en los principios y en la doctrina que subyace a la Convención de los Derechos del Niño adoptada por la ONU, establece en su Artículo 69º que el Estado venezolano debe garantizar a los niños y adolescentes educación dirigida a prepararlos y formarlos para recibir, buscar, utilizar y seleccionar apropiadamente la información adecuada a su desarrollo. Esto se traduce, por una parte, en la necesidad de incorporar la «educación crítica para los medios» a los planes y programas de las áreas curriculares de la educación formal y, por otra, en el propósito de garantizar a todos los niños, jóvenes y sus familias programas educativos de carácter no formal en esta área interdisciplinaria del conocimiento y la práctica socio-educativa.

Se debe hacer notar que el legislador de la LOPNA no consideró a la EPM como la única medida a instrumentar para prevenir y combatir los efectos indeseables o perjudiciales que algunos contenidos mediáticos ocasionan a los niños y adolescentes. De hecho, en los artículos 65º al 80º los progenitores colectivos de esta Ley establecieron o dejaron sugerida una completa serie de principios y de medidas muy concretas en relación con la información, las comunicaciones, el entretenimiento y la expresión, que se orientan a asegurarle a la infancia y la juventud venezolanas un avanzado conjunto de garantías, derechos y medidas de protección ante las influencias negativas de los mensajes que transmiten tanto los tradicionales como los más modernos medios masivos de difusión.

Entre las medidas de política concebibles a partir de lo establecido en la LOPNA se cuentan: a) la promulgación de leyes, normas y reglamentos de obligatorio cumplimiento por parte de la industria cultural, informativa y comunicativa; b) la formulación, actualización y puesta en práctica de códigos deontológicos de cumplimiento voluntario por parte de los comunicadores sociales; c) la promoción de acuerdos de autorregulación con los dueños de las empresas de información y comunicación; d) el estímulo a la producción y difusión mediática de la más alta calidad, en lo que los medios gestionados por el Estado deben dar el ejemplo; e) el impulso a la participación comunicativa de los niños y adolescentes; f) la potenciación de la organización de los usuarios de los medios como actores sociales de peso y con capacidad de monitoreo y cambio; y, finalmente, g) el diseño e instrumentación de un plan nacional de EPM. Como se observa, todo un programa integral de aseguramiento de garantías, derechos y medidas de protección para la infancia y la juventud venezolanas en su relación con la expresión, la información, las comunicaciones y el entretenimiento.

Son muchos y gruesos los retos sociales que en Venezuela debemos enfrentar y superar para dar cumplimiento y poner en vigor los derechos y medidas de protección que la LOPNA consagra en la materia que nos ocupa. Entre ellos se impone superar la incoherencia y la dispersión que caracteriza a la normativa legal vigente en relación con la programación y los contenidos de los medios, la cual se encuentra inventariada en el Artículo 208º de la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones3. Esta es una tarea social a la que la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente –entre otros organismos públicos, privados y sociales– deben abocarse con urgencia. Mientras ello ocurre, debe promoverse la creación, actualización y puesta en práctica de códigos de ética y conducta en el sector profesional de la información y las comunicaciones, así como la celebración de acuerdos de auto-disciplina con los dueños y gerentes de los medios masivos de difusión.

La incorporación de la EPM a los planes y programas de las áreas curriculares de la educación formal supone un complejo plan aparte que inevitablemente debe ser instrumentado en varias etapas, dada la escasa experiencia previa que en este sentido tenemos en Venezuela. De entrada pensamos que se requiere establecer una sinergia entre todos los actores involucrados en esta misión: el Sistema Nacional de Protección del Niño y del Adolescente debe hacer un esfuerzo de coordinación intra-institucional para involucrar a todos sus órganos en el proceso, mientras que las distintas instancias del sector público concernidas deben celebrar convenios de coordinación y cooperación interinstitucional que aseguren el concurso de todos los enfoques, potencialidades y recursos de que dispone el Estado. Aparte de los acuerdos internos a los que también puedan llegar tanto el sector privado como el sector no gubernamental, pensamos que se impone promover una estrecha alianza entre éstos y el sector público para que en Venezuela la EPM logre un desarrollo armónico, plural y democráticamente participativo. Finalmente, dado el atraso que nuestro país objetivamente arrastra en el tema y el tamaño de la brecha que hemos de superar, se debe hacer un significativo esfuerzo para movilizar y atraer la cooperación bilateral e internacional disponible, especialmente con los países y organismos internacionales que cuentan con experiencia en la incorporación de la EPM a la educación formal.

A lo interno debemos concentrarnos, en primer lugar, en poner los fundamentos para la construcción del edificio. Esto incluye la recensión del conocimiento nacional e internacional disponible y la producción de nuevo conocimiento autóctono en la materia. Para ello se debe fortalecer a las instituciones potencialmente capaces tanto de producir investigación como de formar a la generación de investigadores/docentes que, a su vez, será la llamada a capacitar a los facilitadores, maestros y profesores que aplicarán los programas.

Pensamos también que un fuerte, activo y creativo movimiento social debe ser promovido alrededor de la EPM en por lo menos los siguientes sentidos: a) atraer la atención pública hacia el tema; b) generar y mantener el consenso social acerca de la necesidad de incorporar la EPM a la educación formal; y, c) involucrar y comprometer a nuevos y crecientes autores, actores y agentes sociales en las variadas tareas que supone el desarrollo e implantación de la EPM en todos los ámbitos del quehacer académico y socio-educativo.

En otra fase deberá ejecutarse un programa de estímulo a variadas iniciativas piloto que permita el ensayo y evaluación de los diversos enfoques, metodologías y materiales educativos en curso tanto en Venezuela como en el exterior. Todo ello permitirá avan zar hacia el diseño de un currículo nacional básico en cuyos fundamentos normativos, teorías subyacentes, métodos y didáctica deberá formarse a los facilitadores, maestros y profesores aplicadores, quienes sin duda son la pieza clave de todo el plan. Para ello deberán tomarse también medidas de creación y fortalecimiento institucional en las universidades, facultades e institutos de investigación de la educación y las comunicaciones, en los centros de mejoramiento y actualización del magisterio y en las unidades de producción didáctica.

Consideramos que sólo una vez cumplidos los pasos de cada una de estas etapas o fases preliminares estaremos en condiciones de comenzar a aplicar los programas de EPM en los distintos subsistemas del sistema educativo nacional. Nos parece que tanto en esta materia, como en cualquier otra que deba ser incorporada a los planes y programas de las áreas curriculares formales y no formales del sistema, ha de evitarse el apresuramiento y improvisación que sólo acarrean –como se ha visto en algunas experiencias del pasado– caos y resistencia al cambio y a la innovación entre los sujetos centrales –educadores y educandos- de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Si bien es cierto que la LOPNA le ha abierto una estelar oportunidad política al desarrollo de la EPM en Venezuela –que todos los interesados en su implantación debemos aprovechar con inteligencia y sagacidad– no lo es menos, en nuestra opinión, que en el horizonte subsisten un conjunto de factores que podrían atentar contra este propósito. En efecto, la coyuntura venezolana se caracteriza por una fuerte pugnacidad ideológica y programática entre el gobierno, por un lado, y, por el otro, las oposiciones políticas, los medios de difusión y las más poderosas organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales se cuentan los empresarios organizados, los sindicatos y la Iglesia católica.

El gobierno del presidente Hugo Chávez se queja agriamente de la existencia de un asedio mediático orquestado que estaría orientado en el mejor de los casos a minar el amplio apoyo popular gracias al cual llegó al poder y en el peor a crear las condiciones para sacarlo del mismo. Los medios, tanto como los distinto s factores de la oposición política y de la sociedad civil se quejan, por su parte, de las constantes agresiones verbales y escarnios públicos que reciben del jefe del gobierno y del Estado en sus frecuentes e interminables alocuciones, transmitidas mediante cadenas nacionales de radio y televisión.

Otro ejemplo de la pugnacidad reinante es el debate en curso en torno a la nueva Ley Orgánica de Educación, el cual sido escenario de severos enfrentamientos entre el oficialismo, que dice querer instaurar una educación «crítica», y los variados sectores que se congregan en la Asamblea Nacional de Educación (una ONG), la cual ha venido denunciando la supuesta intención del primero de ideologizar y «partidizar» la enseñanza.

En un contexto como el esbozado no es difícil anticipar que la incorporación de la EPM a educación formal podría correr el riesgo de quedar atrapada, por un lado, entre quienes desde el gobierno puedan sentir la tentación de instrumentalizarla 4; por ejemplocomo mecanismo de defensa ante la real o supuesta agresión mediática, y, por el otro, entre quienes desde las variadas oposiciones puedan rechazarla argumentando peligros supuestos o reales de totalitarismo ideológico.

Si logramos sustraer la implantación de la EPM de éste y otros peligros que la acechan, y conseguimos afianzarla sólidamente en el Estado, la sociedad y las familias de Venezuela, abriremos para nuestros niños y jóvenes una ancha avenida sin retorno por la que podrán transitar libremente el conocimiento crítico y la apropiación creativa tanto de los antiguos como nuevos medios de información, comunicación y entretenimiento.

Notas

1 Con la creación –por iniciativa de la pionera crítica de cine Amy Curvoisier– de la primera sala de cine de arte y ensayo, de los primigenios cineclubes y del Círculo de Cronistas Cinematográficos.

2 Los interesados pueden encontrar su texto completo en: http://comunidad.derecho.org/pantin/nino.html.

3 Esta Ley reguladora del sector de las telecomunicaciones, promulgada el 12 de julio de 2000, a escasos meses de la aprobación y entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República, evitó normar la programación y los contenidos mediáticos, manteniendo la vigencia tanto del inconexo archipiélago de decretos, resoluciones y reglamentos específicos vigentes, en algunos casos desde 1959, como de las disposiciones previstas en materia de contenido de transmisiones y comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones en por lo menos otras cuatro leyes orgánicas y una ley especial. Correspondería ahora a la Asamblea Nacional, mediante un proceso social participativo amplio y plural, redactar y promulgar una moderna ley de regulación de la programación y de los contenidos de las transmisiones y comunicaciones mediáticas que permita superar el caos normativo actual.El texto completo de la LOT se encuentra en: http://www.conatel.gov.ve/ns/index.htm.

4 Esta tentación se hizo presente en una reciente reunión nacional de «voceros populares» convocada por el partido de gobierno, donde ciertos asistentes llegaron a proponer que los medios de comunicación comunitarios, populares o alternativos debían orientarse a enfrentar a los grandes medios de difusión en defensa del gobierno. Afortunadamente el propio presidente Chávez, quien asistió a la clausura del evento, le salió al paso a esa absurda e inviable intención de algunos de sus seguidores, al señalar que lo que en todo caso esperaba de esos medios era la necesaria crítica que contribuyera a rectificar los errores y omisiones de su administración.