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Revista Comunicar 25: Televisión de calidad (Vol. 13 - 2005)

¿Es posible una televisión de calidad?

Is a quality television possible?

https://doi.org/10.3916/C25-2005-003

Carmen Caffarel-Serra

Abstract

En este artículo se afirma que es posible construir en España una televisión pública de calidad de corte europeísta, en contraposición a otros modelos televisivos que siguen el canon norteamericano. Para ello, la autora estima necesario ofrecer a los televidentes variedad de canales televisivos que cubran todos los estratos de la audiencia ofreciendo programas de entretenimiento, culturales y educativos. La televisión pública debe de promover y transmitir valores, arraigar el principio de ciudadanía, generar una conciencia crítica. Aunque entre sus objetivos esté, también, alcanzar altos niveles de audiencia y, si es posible, el liderazgo, no debe ser su objetivo esencial.

The author makes her proposal of a quality TV which means closed to European models designed as a public service and full of politic pluralism. She proposes a less passive TV whith more cultural contens and for away from mercantile devices or getting audience as its main aim. A TV for everyone financed by everyone.

Keywords

Televisión de calidad, televisión pública, programas, servicio público, audiencias

Quality television, public television, television programmes, public service, audiences

Archivo PDF español

El pasado mes de julio, el gobierno remitió a las Cortes el proyecto de Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal. En él se define, en lo sustancial, lo que desde mi condición de profesora universitaria y desde la experiencia acumulada durante mi gestión al frente de RTVE, considero una televisión de calidad. Por tanto, parece conveniente abordar el concepto televisión de calidad no en abstracto sino en base a la experiencia concreta vivida en nuestro país.

Entre otras razones porque cualquier debate sobre una televisión de calidad no puede desvincularse del nuevo modelo de televisión pública en el que estamostrabajando ni de la práctica concreta que, a lo largo de los últimos quince meses, ha estado viviendo Radiotelevisión Española afrontando lo que, en diversos momentos y en distintos foros, he calificado como proceso de transición.

Mi afirmación es rotunda: sí es posible una televisión –pública, añado– de calidad. Una televisión de calidad que, hoy, en pleno siglo XXI, ha de tener presentes algunos vectores que considero básicos.

En primer lugar, debe tener una profunda vocación europeísta. En otras palabras, debe aspirar a situarse entre las más avanzadas y solventes televisiones públicas europeas. Es decir, ha de contar con una estructura pluricanal para cumplir una función de servicio público en su más amplio sentido. Debe atender a todos los estratos de la audiencia, abarcando un espectro de necesidades que va de las más minoritarias y especializadas, con un alto componente cultural, a las más masivas, consumidoras de «entretenimiento» o ficción más popular.

Por tanto, el concepto televisión pública de calidad, aplicado a Televisión Española, está profundamente vinculado a la necesidad de compartir espacio, señas de identidad y características definitorias con televisiones como la BBC o las televisiones públicas alemana o francesa, por citar las de mayor peso de la Unión Europea.

En coherencia con ese principio, discrepo de manera radical con quienes pretenden equiparar calidad a públicos minoritarios, reducir a la radiotelevisión pública a un papel poco menos que marginal. De quienes, en los hechos, propugnan un modelo de radiotelevisión que, lejos de mirar hacia Europa, mira hacia América. Es decir, una radiotelevisión pública para ciertas minorías mientras la inmensa mayoría de la población es sometida a la lógica mediática, de contenidos y de valores que dictan los intereses comerciales de las grandes compañías privadas de comunicación.

Todo eso nos conduce al segundo rasgo esencial de una televisión pública de calidad: debe de ser considerada como un servicio público esencial de nuestras sociedades.

Si situamos a la Unión Europea como modelo y referencia del Estado del Bienestar en materia de derechos sociales, es claro que expresa también un modelo de radiotelevisión pública como satisfacción de una necesidad colectiva, como factor de equilibrio económico y social, como motor de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura, de garantía de libertad y de respeto a la diversidad cultural de los pueblos y sus lenguas.

Es casi un lugar común y no sólo asunto de pedagogos y psicólogos, que el proceso educativo descansa no sólo en la escuela, sino que también se nutre (y, a veces, de modo decisivo) con los contenidos que ofrece la televisión.

Diría más: en la sociedad de la información y del conocimiento que se apunta en el siglo XXI, el peso de los medios audiovisuales en la conformación de la conciencia colectiva y de la opinión pública es de tal dimensión que sería una irresponsabilidad, por parte de los estados modernos, dejar ese protagonismo, en exclusiva, a aquellos medios que esencialmente persiguen intereses mercantiles.

Por tanto, en el futuro, la televisión de titularidad estatal debe de cumplir, más que nunca, una función de servicio público. Es decir, una función social de primer orden. No sólo para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. También para contribuir a su formación cívica, cultural, social, a su educación entendida en sentido profundo y universal. Incluso a extender pautas de conducta en campos como la sanidad, la prevención de accidentes, la atención a los sectores más vulnerables de la sociedad, la educación a distancia. En fin: a promover valores, a arraigar el principio de ciudadanía, a generar una conciencia crítica en definitiva.

Tal afirmación nos lleva, en el panorama audiovisual en que vivimos, a intentar responder a la siguiente pregunta: una televisión de calidad de titularidad pública, ¿debe competir con las cadenas comerciales en materia de programación?

Quizá el término competir no sea la mejor definición. Aunque es inevitable competir por la audiencia en determinados espacios porque ésas son las reglas del juego en el escenario de la comunicación en que vivimos, prefiero afirmar que la radiotelevisión pública debe de concurrir con sus contenidos, sin renunciar a su vocación mayoritaria. Es decir: ha de hacerlo con menos dependencia de la publicidad (que es, no nos engañemos, el objeto de la feroz competencia entre cadenas comerciales), combinando calidad y aspiración a captar amplios públicos.

Eso significa apostar por más cultura, por más cine español y europeo, por una programación adecuada para los públicos más sensibles, especialmente para el público infantil. También significa prestar una especial atención al deporte, desde el fútbol a los deportes minoritarios. Y potenciar espacios de entretenimiento que generen una actitud activa y crítica y no la pasividad que ofrece la televisión-espectáculo de baja calidad.

No obstante, el pilar fundamental de la estructura de programas de una televisión de esas características, son los servicios informativos. Por tanto, la información, sea de manera genérica, a través de lo que convencionalmente denominamos «telediarios», sea de forma más especializada, a través de documentales, reportajes y programas específicos, es consustancial a la calidad. Una información que debe de ser ofrecida a los telespectadores con independencia de los gobiernos de turno, en el pleno ejercicio de la libertad de expresión, con garantía de pluralismo y con el máximo nivel de profesionalidad y de rigor por parte de sus profesionales.

En ese sentido, parece esencial la existencia de consejos de redacción y el establecimiento de normas como un estatuto profesional de los servicios informativos como garantías de independencia y neutralidad ante los ciudadanos.

No hay, por otro lado, televisión pública de calidad sin debate, sin intercambio y contraste de opiniones, sin una permanente apertura de sus pantallas a la pluralidad política, social y cultural realmente existente.

En ambos campos, Radiotelevisión Española, a lo largo del último año, ha dado un salto gigantesco. No sólo ya es habitual el debate en la televisión pública estatal, sino que, desde hace meses, los periodistas y profesionales de la Casa están analizando y debatiendo un Proyecto de Estatuto Profesional de los Servicios Informativos que, en cierto modo, anticipa al que se contempla en el proyecto de ley al que aludíamos al principio.

Una televisión pública de las características apuntadas ha de contar con unos órganos rectores, comenzando por quien ostente la Dirección General, elegidos fuera del sistema de cuotas de los partidos que ha venido siendo norma en España. Esta figura debería ser elegida por el Parlamento, con una mayoría cualificada, o por un Consejo de Administración con una configuración altamente profesionalizada y en condiciones de gestionar la televisión con criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y calidad. Y, por supuesto, por un período no coincidente con los períodos legislativos.

¿Cómo financiarla? Si partimos de la idea de que una televisión pública no puede funcionar sin el apoyo de los ciudadanos, que son sus titulares; si tenemos en cuenta que hasta ahora la aportación que Radiotelevisión Española recibe vía presupuestos generales del estado no llega a financiar siquiera el coste de las emisiones internacionales de televisión y radio y que no ha hecho más que generar endeudamiento, podemos advertir la coherencia que, de cara al futuro, presenta la ley en trámite y la decisión gubernamental de financiar, en el año próximo, el déficit ordinario mediante subvención del estado. Coherencia tanto con las necesidades de una televisión de calidad de titularidad pública como con su imprescindible homologación con las televisiones públicas europeas.

Hay, por tanto, una relación muy estrecha entre calidad y modelo de financiación. Es decir, entre capacidad para elaborar programas con el máximo nivel de exigencia e independencia económica. No es lo mismo depender en exclusiva de los ingresos comerciales y de la audiencia pura y dura, que condicionan, directa o indirectamente, los contenidos de la parrilla –«Documentos TV», «Off cinema» o «La noche temática»–, por citar tres ejemplos ilustrativos, hace tiempo que habrían dejado de emitirse por TVE de seguir ese principio, que ser una televisión de todos los ciudadanos, financiada con los recursos de todos los ciudadanos. De ahí que no quepa concebir la televisión pública de calidad si no es vinculada a un modelo de financiación mixta, a través de recursos del Estado que sufraguen el servicio público, y de publicidad.

De otro lado, una televisión pública de titularidad estatal de calidad debería de aprovechar sinergias, recursos técnicos y humanos, intercambiar experiencia y masa crítica en definitiva, con las televisiones de titularidad autonómica, que son también parte del servicio público. En ese ámbito, la televisión pública del fututodebe de estar más cerca de las realidades más inmediatas de la ciudadanía estableciendo vínculos de colaboración con las televisiones regionales y aprovechando las sinergias técnicas, humanas y económicas de ambos medios.

Hay dos aspectos que, en la era de la globalización, de la creciente permeabilidad de fronteras y de la revolución tecnológica, parecen esenciales. De un lado, la proyección trasnacional; de otro, el horizonte de la televisión digital terrestre (TDT.)

España cuenta con un patrimonio con el que pocos países europeos cuentan: la lengua española. Una lengua en la que se comunican, crean, exigen información y cultura más de 500 millones de personas en todo el mundo. Eso significa, para una televisión pública, de calidad y moderna, convertir esa riquísima y compleja realidad en un factor de proyección exterior, de creatividad, situarse en un futuro que no puede prescindir de esa realidad. Ni de la necesidad objetiva de difundir y proteger la lengua. Sólo una televisión de servicio público como TVE, dotada no sólo de un Canal Internacional, sino de canales temáticos a través de los cuales ofrecer todo género de programas sean documentales, de entretenimiento, culturales o educativos, puede cumplir con dignidad ese papel. Entre otras razones porque ese papel conlleva, sin duda, un gasto significativo e ingresos escasos.

Respecto al horizonte de la TDT, conviene resaltar que la casi totalidad de los países europeos han atribuido a sus televisiones públicas suficiente capacidad como para poder difundir una oferta de contenidos capaz de satisfacer las demandas de una sociedad plural. Esa pretensión coincide con la recomendación del Consejo de Europa, que afirma que «Los radiodifusores de servicio público deben tener un papel central en el proceso de transición a la radiodifusión digital terrestre». Por tanto, una televisión de calidad, sobre todo si es pública, debe de estar en condiciones de desempeñar el papel de «locomotora» al acometer los nuevos desafíos tecnológicos. Y respecto a ello, es preciso subrayar que nuestra televisión pública de titularidad estatal sabe, puede y quiere liderar la nueva televisión digital terrestre (TDT), que será la televisión del siglo XXI, una televisión abierta, gratuita y plural, una pieza esencial en el desarrollo de la sociedad de la información.

Es evidente que la calidad, en términos de contenidos televisivos, no puede separarse de un hecho: la televisión pública del futuro va a convivir, de manera aún más intensa que hoy si cabe, con numerosas ofertas de índole comercial, entregadas a una brutal pugna por la audiencia. Por tanto, aunque entre sus objetivos esté, también, alcanzar altos niveles de audiencia y, si es posible, el liderazgo, no debe ser su objetivo esencial. Debe cumplir su función de servicio público y atender a las necesidades diversas de los distintos colectivos de telespectadores. Es necesario, en consecuencia, un cambio en la forma de contemplar el binomio televisión pública/televisión de calidad en su relación con el resto de las televisiones. Algo que no todos los sectores mediáticos han llegado a comprender. Es más: se exige de la radiotelevisión pública estatal el logro de resultados de audiencia al margen de esa nueva realidad.

Jean Noël Dibil, directivo de «France Télévision», afirmó en Madrid, en unas jornadas promovidas por el Instituto Oficial de Radio y Televisión en septiembre de 2004, que una televisión pública de calidad «no debe tener como objetivo máximo la audiencia» para concluir más adelante con una afirmación: «no hay que permitir que la publicidad influya en los contenidos de los programas». Y aunque por razones de rentabilidad económica, de extensión del valor de lo público, de elevación del nivel medio de calidad de la oferta televisiva y de prestigio de la propia televisión pública, el logro de buenas audiencias es un objetivo, no es ni puede ser el esencial.

Hacen falta otros criterios para evaluar socialmente la programación de las televisiones. Es imprescindible valorar el interés y el grado de aceptación del público, es imprescindible evaluar la calidad de los contenidos, la capacidad de promover valores. Y para eso, reconozcámoslo, el simple análisis cuantitativo del nivel de audiencia no sirve. O sólo muy parcialmente.

La televisión pública del futuro debe propiciar, desde presupuestos de calidad, una competencia respetuosa entre cadenas siendo ejemplo en la transmisión de valores y en la atención a los públicos más sensibles. Debe de alejarse de lo que a veces se nos muestra como «ley de la selva» que se alimenta del «todo vale».

La propuesta contenida en la reforma legislativa en curso de crear un organismo autónomo de carácter consultivo y ejecutivo como el Consejo de Medios Audiovisuales parece esencial. Ese órgano, que deberá integrarse en el marco de la Ley del Audiovisual, si bien va a beneficiar al conjunto del sistema audiovisual español, creo que ayudará de una manera especial a aportar valor añadido al funcionamiento de la televisión. Y que lo hará a favor de la calidad.

En no pocas ocasiones se ha afirmado que la programación infantil y la programación cultural han desaparecido de las parrillas de nuestras televisiones. Ese diagnóstico, sin embargo, obvia el papel que en ese campo está jugando la televisión pública de titularidad estatal. TVE emite, por sus dos cadenas, 1.800 horas anuales de programación infantil (es decir, 400 horas más del promedio que los niños pasan ante la pantalla del televisor según la Fundación «Infancia y Aprendizaje») y el 70 % de todos los espacios culturales de las televisiones españolas, siendo la única de entre las televisiones generalistas en abierto que mantiene una programación cultural rigurosa y diversificada. Eso es apostar por una televisión de calidad.

Vivimos, en España y en Europa, un momento histórico para el futuro de nuestro panorama audiovisual. Va a hacerse más complejo. Más competitivo. Un panorama que no puede ser definido y construido, en lo esencial, sobre una lógica mercantil. Eso sería dejar de lado el concepto «televisión de calidad». Hay que construirlo con la voluntad decidida de hacer la mejor televisión posible al servicio de los ciudadanos. Y en ese, camino sólo una poderosa televisión pública pluricanal (pienso en la estatal y pienso en las autonómicas) y con contenidos cualitativamente irreprochables en todos los ámbitos es garantía de que otra lógica, la del servicio público, la de la cultura, la de la calidad, en definitiva, es posible.