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Revista Comunicar 25: Televisión de calidad (Vol. 13 - 2005)

La televisión que queremos… si realmente queremos lo que decimos

The television we want… if we really want what we say

https://doi.org/10.3916/C25-2005-010

Juan-María Casado-Salinas

Abstract

Si bien el autor considera que la televisión realmente puede asumir la responsabilidad de ayudar a la sociedad a enfrentarse con éxito a su crisis de valores, ello sólo será posible si todos sus miembros asumen su condición de ciudadanos y apoyan crítica y responsablemente los cambios en marcha, ya que es ahora cuando se definirán con claridad todas las funciones que constituyen la misión de las radiotelevisiones públicas, se garantizará un marco estable de financiación, y a sus gestores les permitirá la independencia del gobierno. Finalmente, se concluye que los cambios en las radiotelevisiones públicas han de servir para dar satisfacción a los sectores más conscientes de la sociedad hacia un nuevo camino a favor de la educación y la cultura. Para ello serán necesarios responsables que tengan clara conciencia de su compromiso social, ya que sin este compromiso, el auténtico proyecto reformista fracasaría como ha ocurrido en muchas otras ocasiones.

The majority of the Spanish society is worried about the crisis of traditional values. They make television responsible of this situation and they claim deep changes to transform it in an active agent of social change. The author considers that television can assume that responsibility if all citizens support television giving his responsible agreement to the modifications that politicians are doing to the audiovisual media law of Spain. The article analyses those changes and the need of a clear conscience of the public-media administrators about their social compromise to develop the cultural and educative role of television.

Keywords

Televisión educativo-cultural, servicio público, consejo audiovisual, telebasura

Educational television, cultural television, public service, communications comisión

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En nuestras sociedades modernas la mayoría de las personas vivimos –o tratamos de vivir– sin preguntarnos qué relación tiene lo que hacemos cada uno de nosotros con el estado de la sociedad; aunque, casi sin excepciones, todos afirmamos que no nos gusta cómo está el mundo que vivimos y estamos de acuerdo en que son los demás los que han de cambiar, porque a cada uno en lo suyo le parece que hace lo correcto. Así, el fabricante de automóviles hace lo correcto haciéndolos cada vez más rápidos, aislados de las inclemencias del tiempo y del ruido y seguros para los de dentro, como si ellos y su política industrial no tuvieran nada que ver con la impunidad con la que conducimos, pues su fin es vender coches con beneficios para sus accionistas; los demás disfrutamos del placer de conducir poderosas máquinas con el derecho que nos asiste como propietarios de las mismas, sin asumir el riesgo que conlleva y del que sólo somos verdaderamente conscientes cuando ocurre un mortal accidente en nuestro entorno más cercano. Como es lógico, mientras tanto el gobierno y los legisladores que nos representan a todos y por ello son objetivamente conscientes de la magnitud del problema, adoptan las medidas que pueden, pero… sin que afecten verdaderamente a los intereses de los fabricantes o a los gustos de los votantes, porque, como es lógico, los fabricantes y los usuarios no queremos cambiar nada ya que nuestro egoísmo es superior a nuestro sentido de la responsabilidad.

Ahora bien, con qué seriedad exigimos esa misma responsabilidad a los otros en los casos en los que parece que, al menos en apariencia, nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Por ejemplo si hay hambre en el mundo los culpables son los ricos por su avaricia infinita, los gobernantes de los países pobres por su corrupción sin límites o los de los países ricos por no ser generosos, la ONU por su inoperancia e incluso, los mismos pobres que son unos vagos. Pero nosotros, consumidores desaforados que nos aprovechamos del valor de nuestra moneda, no tenemos nada que ver, como si lo que consumimos no necesitara materias primas, o como si éstas fueran completamente ilimitadas. No digo yo que debamos flagelarnos continuamente con el problema de los que mueren de hambre, como si individualmente pudiéramos solucionarlo, pero ciertamente, si todos fuéramos más sobrios en nuestros consumos energéticos o de alimentos, seguramente las cosas irían mejor, o al menos eso es lo que creo desde mi edad que me ha permitido conocer una etapa de la historia de España menos afortunada y en la que teníamos muchas menos cosas para consumir.

Confío en que quien ha leído hasta aquí este texto, haya podido entender la ironía con la que escribo sobre un tema que me duele personalmente, ya que no soy capaz de hacer de otra forma esta crítica de una sociedad en la que me siento incluido, y lamento no poder distinguir con claridad las partes irónicas de las que no lo son, porque nuestra lengua carece de signos ortográficos para la ironía equivalentes a los que tiene de interrogación o admiración.

Que tenemos un problema con los jóvenes, casi nadie lo niega, parece como si no respetaran a nadie e hicieran siempre lo que quieren, por la calle haciendo «botellonas» y en los centros educativos sin estudiar, y lo que es peor, no dejando que estudien los que sí quieren, llegando a veces a ejercer actos de violencia sobre compañeros e incluso sobre profesores; actos que son de todo punto de vista inaceptables si queremos que los centros educativos puedan cumplir su función de educar y que no sean sólo guarderías para las nuevas generaciones.

Pues bien, aunque estoy seguro que el problema aún no es mayoritario, sí creo que es grave, porque quizá todo esto está poniendo en evidencia que nos encontramos delante de nuevas generaciones formadas en democracia pero sin sentido de la responsabilidad, como si la libertad y la democracia fueran irreversibles y las cosas se consiguieran sin esfuerzo. Pero la realidad es que actúan de acuerdo con lo que han visto hacer a sus mayores llenos de hipocresía y egoísmo; esto es, con lo que les han dejado hacer unos padres incapaces de torcer la voluntad de un niño de tres años que reclama más golosinas o el juguete que anuncian por la tele, unos profesores sin autoridad porque el sistema no contempla esa necesidad o unos policías y jueces actuando como funcionarios con normas que parecen garantizar más los derechos de los delincuentes que de los ciudadanos en general.

Y así ocurre con todos los problemas que, al menos en apariencia, parecen agobiar a los ciudadanos: paro, terrorismo, delincuencia, inmigración, etc. Frente a ellos, los ciudadanos mayoritariamente tratan rápidamente de quitárselos de encima trasladando a los gobiernos su responsabilidad en la búsqueda de soluciones que siempre han de hacerse sin que ellos tengan que modificar nada, como esos padres incapaces de contrariar a un hijo aunque sus deseos sean solamente caprichosos. Y es verdad que el poder político es responsable de muchas cosas, pero no puede serlo de todo, como en la clásica caricatura italiana... «piove, ¡porco governo!», que atribuía a los gobiernos hasta la responsabilidad de la lluvia.

En un contexto social con ciertas dificultades para la asunción de sus responsabilidades hemos de enmarcar las modificaciones legales que todo el mundo reclama a los gobiernos para el sector de la televisión; y todo ello, como si la televisión fuera el problema más grave que tenemos o, como si en ella estuviera depositada la última esperanza de nuestra sociedad para salir de la crisis de valores en la que estamos inmersos.

Al mismo tiempo, la mayoría de las personas que trabajan en televisión en cargos de responsabilidad tra tan de justificar un presente que no les gusta, como a la mayor parte de quienes publican opiniones al respecto, con el aserto de que ellos y ellas emiten a través de antena lo que la gente quiere. Con esta aseveración se eximen de su responsabilidad, al tiempo que culpan a la sociedad de su propia tosquedad; como si no supiesen o no fuesen conscientes de que es cierto que la gente elige, pero de una manera muy limitada, pues sólo pueden elegir dentro de lo que ellos y ellas programan.

Además, algunas personas con mucha influencia y que hacen mucho ruido quieren que la televisión cambie, pero para acomodarla a sus particulares intereses: los operadores privados quieren que las públicas no tengan publicidad y que así sean menos atractivas, para que habiendo menos competencia puedan ganar más dinero; las personas del mundo de la publicidad quieren más ofertas televisivas, así al incrementarse el tiempo de emisión publicitario, tendrán más negocio; etc. Pienso que en este marco complejo y lleno de intereses contrapuestos es muy difícil cambiar una televisión en el sentido que queremos, si sólo hablamos de lo que puede beneficiar a cada uno de nosotros, y es en ese sentido en el que creo que hay que recuperar con fuerza la idea de la campaña que llevó a John F. Kennedy a la Casa Blanca en la que animaba a todos a dejar de reclamar lo que el país podía hacer por él para preguntarse qué podía cada uno hacer por su país .

Pero, imbuidos de este espíritu altruista seguramente todos podríamos estar de acuerdo en el hecho de que queremos una nueva televisión que no sea el espejo de la sociedad en la que vivimos, porque esta sociedad no nos gusta y porque queremos quitarle la razón a Federico Fellini cuando afirmaba que la televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural.

Sabemos que la televisión es el más poderoso difusor de cultura, educación e información y que tiene una potencia comunicativa sin precedentes en la historia de la Humanidad; para muchos ha desplazado ya al sistema educativo como principal agente del cambio social y por eso queremos que la televisión con todo su poder nos ayude a cambiar, porque en el fondo lo que queremos es una nueva sociedad, ya que si es verdad que decimos que la televisión no nos gusta, tampoco el sistema educativo, ni el sistema de salud, ni los sindicatos, ni los partidos políticos, ni la justicia… ni nada; por no gustarnos, no nos gusta ni el sabor del agua del grifo y gastamos cantidades ingentes de dinero en agua envasada sin que en la mayoría de los casos esté justificado.

Parece claro que si lo que realmente deseamos es una nueva sociedad, hagamos un esfuerzo más y pongámonos de acuerdo en describirla y explicitarla, para luego aplicarnos a la tarea de hacer la televisión que queremos.

Pues bien, creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos estamos de acuerdo en que la sociedad que queremos para España es la que fija nuestra Constitución de 1978, con o sin las modificaciones que vayan a introducirse, pues es la clave de nuestra convivencia y la que ha garantizado la etapa más larga y de mayor libertad y prosperidad que ha tenido el pueblo español en toda su historia. Llegados a este punto, tampoco podemos olvidar nuestra integración en la Unión Europea que nos fija un marco más amplio para nuestros derechos y libertades y que los españoles hemos ratificado al aprobar en referéndum la Constitución Europea que aunque ahora está en crisis, estoy seguro que los europeos encontraremos una fórmula para continuar construyendo una unión política que necesitamos ante un mundo cada vez más globalizado, y donde los pequeños países tienen muy serias dificultades para hacer oír su voz.

Respecto a la legislación que haría posible la televisión que queremos, contamos por una parte con que las leyes vigentes, las de creación de las televisiones que hoy emiten y que fueron aprobadas en los últimos veinte años, recogen ese espíritu de compromiso con los valores constitucionales, pero la realidad nos indica que hemos fracasado al no haber cumplido bien la misión que esas leyes nos encomendaban o haber sido incapaces de transmitir ese mensaje a la ciudadanía, ya que de lo contrario no habría el estado de opinión mayoritario favorable a cambiar todo el marco legislativo, sobre todo el marco de las televisiones públicas. Por otra parte, también contamos con el hecho de que mayoritariamente se han incumplido las directivas europeas más progresistas y que de manera clara y concreta regulan el ejercicio de las actividades de radiodifusión televisiva en los aspectos que más preocupan a los ciudadanos conscientes, a saber los límites a la emisión de publicidad y la protección de los menores; incumplidas fundamentalmente porque los gobiernos no han sido capaces de aplicar sanciones significativas a las televisiones infractoras y han fiado el control de su cumplimiento a bienintencionados sistemas de autorregulación o a códigos deontológicos, como si fuera posible poner al zorro a cuidar de las gallinas.

Visto lo anterior, nos preguntamos para qué cambiar las leyes, si parece que no somos capaces de cumplirlas. Pues bien, contra la lógica de los derrotistas creo que es necesario, e incluso imprescindible, cambiar las leyes si esas nuevas normas nacen de una nueva voluntad política de llevarlas a cabo en serio, y eso es lo que creo que ocurre y hay ahora, pues el gobierno de España ha acreditado que cumple sus promesas en otros temas más difíciles, como son el matrimonio sin discriminaciones de sexo o la retirada de las tropas de Irak, y si prometió, que acabaría con la llamada telebasura y con el hecho de que la televisión pública sea la televisión del gobierno, creo que hay que confiar en que así será, ya que hasta ahora ha dado los pasos en el sentido esperado y prometido. El primer paso ha sido constituir un Consejo para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad del Estado compuesto principalmente por intelectuales no vinculados al mundo de la televisión y que ya presentó en la primavera de 2005 el «Informe» de sus conclusiones, popularmente llamado «Informe de los sabios». Más tarde, el Gobierno haciendo caso del «Informe» ha presentando ya los proyectos legales necesarios para llevar adelante esa voluntad de cambio, y así el Consejo de Ministros de 24 de junio de 2005 aprobó tres anteproyectos que son la clave de una reforma en profundidad de los medios audiovisuales en España: la Ley de Servicio Público de Radio y Televisión de Titularidad Estatal, la Ley General Audiovisual y la Ley de Creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales. La primera, para refundar el servicio público de RTVE en la línea de lo aconsejado en el «Informe»; la segunda, para fomentar el más amplio pluralismo informativo mediante la liberalización de los servicios de radio y televisión que dejan de ser servicio público esencial con la única excepción de los que presten empresas públicas en los ámbitos estatal, regional y local; y la tercera, para crear al fin el tantas veces reclamado Consejo Superior del Audiovisual con el nombre de Consejo de los Medios Audiovisuales, independiente del Gobierno y dotado de amplias competencias, incluida la capacidad sancionadora para los incumplimientos de las normas, tanto en los medios públicos, como en los privados. Este último órgano, Consejo de los Medios Audiovisuales y su verdadera independencia de ejercicio es la clave de bóveda de todo el edificio normativo que se pretende construir.

Cuando estas normas a las que hago referencia entren por fin en vigor, es decir, una vez que hayan sido aprobadas en las instancias parlamentarias, si son reforzadas mediante un claro apoyo social para que de forma crítica se haga que los gobiernos continúen desarrollándolas, creo, y así lo pienso sinceramente, que por fin estaríamos en el camino para hacer y tener la televisión que queremos si es que de verdad queremos la televisión que decimos.

Quienes hayan leído con detenimiento el «Informe de los sabios», tan denostado por muchos no lectores del mismo, habrán encontrado como yo muchas coincidencias con lo que se ha escrito en los últimos años por los defensores de un auténtico servicio público en radio y televisión y, en general, en los medios audiovisuales al servicio de la información plural, la formación de los ciudadanos y el entretenimiento de calidad; esa es la base sobre la que está construida la reforma y, por eso creo que el camino a seguir por quienes hemos querido, y queremos, otra televisión es apoyar críticamente los cambios que se avecinan, cada uno desde su posición profesional e ideológica, para hacerla posible, pues si también está vez se fracasa, probablemente ya no haya tiempo para poner los medios audiovisuales al servicio de los ciudadanos, puesto que es altamente improbable contar con una segunda oportunidad como la que tenemos en la actualidad. Los medios están en la encrucijada que los conducirá a la tecnología digital, están abocados a sufrir profundas remodelaciones para adecuarse y entrar definitivamente en la era digital tan preñada de esperanzas, como de inquietudes. Aprovechemos el momento del cambio para cambiar de verdad en la dirección que queremos pues, en caso contrario, los medios digitales ya sólo nos servirán a los ciudadanos en la medida que actuemos como usuarios o como consumidores que es en lo que están pensando los mercaderes de la comunicación, lo que probablemente no esté mal, pero no es lo que queremos quienes creemos en otros medios audiovisuales activos en la construcción de una nueva ciudadanía que haga real la democracia en este siglo veintiuno tan convulso al menos en sus inicios.

Pues bien, si somos rigurosos, los cambios que ha de hacer la televisión actual para adaptarse a la nueva regulación que se avecina no son tantos, sobre todo en algunas televisiones públicas, pues las normas sobre programación no van a variar sustancialmente, de hecho pienso que algunas radiotelevisiones públicas tienen ya recorrido un largo camino hacia la implantación del nuevo modelo, señaladamente algunas autonómicas y recientemente RTVE, pero de manera destacada la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) que de forma progresiva ha ido abandonando el modelo casi comercial que desarrollaron las televisiones públicas en España en la década de los noventa del pasado siglo, obligadas todas ellas como consecuencia de la creación de las ofertas privadas de televisión a competir para mantener los ingresos publicitarios que tenían y que les eran necesarios para cuadrar sus presupuestos. La RTVA, de hecho y con datos del primer cuatrimestre de 2005, es hoy la empresa que más tiempo de programación dedica al público infantil, el 17% del total frente a las privadas que destinan a los niños menos del 10%; también en otro indicador relevante la RTVA es líder, en el porcentaje de tiempo de programación con programas del género cultural al que dedica el 20%, algo superior al de TVE con un 18,2%, el doble de Canal Plus que con un 9,6% presume de su especial dedicación a la cultura, y muy lejos de las otras privadas, pues Tele 5 sólo dedica el 2,4% y Antena 3 sólo el 0,9%, y todo ello lo hace la RTVA con una cuota de audiencia alta, tanto en su primera cadena Canal Sur TV que con el 21,7% de share es la líder en Andalucía, como en su segunda cadena Canal Dos Andalucía que con el 6% lidera las segundas cadenas de toda España; si añadimos que la columna vertebral de estos excelentes resultados de audiencia son los programas informativos que con un «share» del 26,5% en la sobremesa y del 24,7% en la noche superan claramente a la media de la cadena, podemos concluir que es posible hacer una televisión pública con público, pues no otra cosa es lo que ha triunfado en Andalucía donde la RTVA tiene una programación de entretenimiento, de servicio público, informativa, cultural y que atiende a los niños y niñas, es decir una programación variada, con programas de todos los géneros y para todos los públicos, demostrando –contra los que consideran a los consumidores de televisión como estúpidos– que es posible triunfar en las audiencias haciendo la programación que se debe.

Los datos anteriores son muy parecidos a los que se obtendrían de analizar las parrillas de programación de BBC-1 y BBC-2 si exceptuamos que en la primera se rellena la madrugada con el servicio de noticias veinticuatro horas de BBC, como hace hoy TVE-1 y que la segunda también de madrugada emite programas educativos vinculados a su potente servicio de educación a distancia, mientras, el Canal Dos Andalucía dedica la noche a la divulgación turística. Pero, por otro lado, hay más cosas además de las cifras anteriores que podrían aducirse para defender la vigencia del servicio público en la RTVA y servirnos como modelo: cumplimiento estricto de las limitaciones publicitarias, emisión de películas sin pausas, programar multitud de programas especializados para atender a diferentes intereses, incluso minoritarios, etc. En conclusión y de acuerdo con todo esto, a las programaciones de RTVA y de otras televisiones públicas les faltaría hoy muy poco para responder a un modelo razonable de servicio público en la línea de lo propugnado por el «Informe de los sabios».

Somos muchos los que pensamos que hay poco que cambiar si de verdad lo que queremos son televisiones públicas capaces de competir con las privadas para captar la atención del público mediante programas dignos y de calidad, pero para todos los públicos; no televisiones públicas especializadas sólo en lo que se entiende generalmente como cultural, para que siendo por su propia naturaleza minoritarias dejen el campo libre a las televisiones privadas que de esta forma harían su negocio más cómodamente y ejercerían fácilmente su influencia en la conformación de la opinión de los ciudadanos. La reforma legal que viene, en la medida que establece mecanismos eficaces para que todos los operadores cumplan las normas como ya sucede en la mayoría de los países de la Unión Europea, ayudará de manera natural a las radiotelevisiones públicas libres ya de las tutelas excesivas de los gobiernos y sometidas a la misma vigilancia independiente que el resto de las televisiones. Así pues este sistema facilitará una competencia más ordenada que sin duda será así más favorable a quienes ya están acostumbrados a cumplir.

Una vez aclarado lo que a mi juicio no hay que cambiar si queremos que no fracasen las televisiones públicas en esta encrucijada, es la hora de hablar de lo que sí hay que cambiar si queremos que las nuevas leyes produzcan el efecto que deseamos, conseguir unas televisiones comprometidas con la sociedad en la solución de sus problemas, capaces por tanto de influir para avanzar en la consecución de una nueva ciudadanía acorde con las democracias avanzadas en las que vivimos.

Lo primero y principal que se requiere, para la nueva época de las televisiones públicas, son responsables comprometidos con los cambios y que los consideren oportunos, que tengan el idealismo necesario para llevar a cabo su función sin dejarse dominar por los intereses privados o sectarios en juego, que piensen que la televisión tiene, entre otras, la función educativa y que asuman el nuevo papel que la sociedad quiere que la televisión desempeñe, ser el motor del cambio social, sin ingenuidades pero con una cierta visión utópica. Esas personas existen, al menos yo conozco muchas en las radiotelevisiones públicas, incluso en puestos de alta dirección.

En el área informativa y para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos que es el pilar esencial del sistema democrático hemos de dotar a los profesionales de la información de instrumentos que den garantías para que puedan hacer su trabajo con independencia. Nadie debe olvidar que garantizar esa independencia se convierte, en algunas ocasiones, en problema tanto para los medios públicos como para los privados, pues si en los primeros se suponen las interferencias de los gobiernos de turno, qué decir de las órdenes de los propietarios en los segundos. Cuando hablamos del derecho a la información que tienen los ciudadanos y que está protegido por las constituciones democráticas, nos referimos al derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, lo que implica que las informaciones –todas– han de ser objetivas, veraces e imparciales, separando información de opinión, respetando el pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico, con el máximo respeto al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, cuidando de proteger a la juventud y la infancia, y fomentando los valores de igualdad y no discriminación por cualquier razón.

Como se trata, por tanto, de garantizar a los periodistas que puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible, sin interferencias de nadie ni de nada, y menos, de los medios de comunicación donde trabajan, pero respetando a la vez la línea editorial de los mismos y, al mismo tiempo asegurar a los ciudadanos el derecho a ser informados, sin interferencias de nadie ni de nada, y menos, de los titulares de los medios de comunicación, hay que objetivar las cosas para que cada uno pueda actuar responsablemente. Así pues, la línea editorial y todos los detalles del trabajo de los periodistas de un medio concreto deben quedar explícitos y recogidos en un documento público para que no pueda haber arbitrariedades, proponemos el «libro de estilo» como guía flexible que podría servir; pero además, se hace necesaria una estructura profesional que pueda resolver los conflictos, que sin duda van a surgir, y que sirva de vía para la participación de los profesionales de los servicios informativos, nos referimos al «estatuto de redacción» que en algunos medios de comunicación de países democráticos existe. Pues bien, ambos instrumentos ya están aprobados en RTVA y en la cadena autonómica catalana, muy pronto estarán aprobados en RTVE y, estoy seguro que se extenderán al resto de los medios en el futuro. En este marco se han de recuperar los programas de debate sobre todos aquellos temas que interesan a los ciudadanos, pero abiertos a todas las opiniones razonables, tanto en el ámbito político como en el social.

Otra cuestión básica para los ciudadanos es la información plural, que aunque los medios públicos garantizan un cierto pluralismo en los contenidos informativos, es necesario que de forma complementaria haya también pluralismo de ofertas informativas en televisión como lo hay en prensa y esto va a estar garantizado con la amplia liberalización prevista por el gobierno que permitirá la multiplicación del número de cadenas privadas sin más límites que los tecnológicos y, que tras la digitalización son prácticamente inexistentes.

No obstante, es en los programas de entretenimiento de todo tipo, incluida la ficción, donde los cambios han de ser especialmente intensos, pues son los que más audiencia tienen y sin duda son los que más influyen en los comportamientos sociales; en ellos es donde ha de quedar patente con más claridad la responsabilidad educativa de la televisión.

Asimismo, la programación infantil ha de servir para que el ocio de los niños que la vean sirva de complemento a la formación que sus padres y profesores tienen la responsabilidad de procurarles, sin creer que la televisión puede sustituir a éstos pero sí que puede ayudarles si los valores que inspiren los programas sean los que trata de inculcar el sistema educativo. Está claro que en este campo las cadenas públicas de televisión han de llevar la voz cantante, como ya lo hacen muchas de ellas.

La información a los consumidores para que éstos puedan ejercer sus derechos y defender sus intereses ha de ocupar un espacio en la programación, pues el consumo de bienes y servicios ocupa un lugar destacado en nuestras vidas y no puede ser la publicidad la única guía que tengamos para hacer un consumo inteligente; la televisión que tanto se beneficia de los ingresos publicitarios tiene aquí también una responsabilidad con los ciudadanos.

También los programas específicamente educativos han de tener su hueco en las programaciones de las televisiones públicas y parece razonable que con la multiplicación de ofertas que permite la digitalización de la emisión, haya cadenas específicamente educativas vinculadas a las empresas públicas contando con la colaboración de las administraciones educativas y cuantas otras entidades tengan interés en la materia.

Si la televisión ha de trabajar intensamente para ayudar a eliminar todo tipo de discriminación en la sociedad, son las personas con discapacidad el colectivo más numeroso de entre los que la sufren y, dentro de él, las personas sordas que deben encontrar por fin satisfacción a sus graves carencias de comunicación para alcanzar su integración plena como ciudadanos, porque aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, aún estamos muy lejos de cubrirlas.

Para concluir, la televisión que viene puede ser la que queremos si las cadenas públicas asumen su responsabilidad de ser referentes del sistema audiovisual en su conjunto, y para ello sólo han de cumplir la función de servicio público que tienen y que tan bien definieron los legisladores andaluces cuando en 2002 modificaron la Ley de creación de la RTVA en su artículo 3, apartado 3 para decir que dicha función de servicio público es «la producción y emisión de un conjunto equilibrado de programaciones y canales, generalistas y temáticos, de radio y televisión que integren programas diversificados, de todo tipo de géneros, con el fin de atender a las necesidades democráticas, sociales y culturales del conjunto de los ciudadanos andaluces, garantizando el acceso a la información, cultura, educación y entretenimiento de calidad».