Índice de volúmenes - Índice de revistas - Índice de artículos - Mapa ---- Atrás


Revista Comunicar 32: Políticas de educación en medios (Vol. 16 - 2009)

La educación en medios, más allá de la escuela

Media education beyond school

https://doi.org/10.3916/c32-2009-02-012

Victoria Camps-Cervera

Abstract

La educación en y para los medios de comunicación es una necesidad indudable que, muy lentamente y de forma poco satisfactoria, se está introduciendo en la educación reglada. Dicha labor, por otra parte, debería verse complementada por un esfuerzo de los medios audiovisuales de hacerse responsables también de la tarea educativa, no educando directamente, pero sí procurando que sus emisiones fueran coherentes con los valores que la educación procura transmitir. Los Consejos Audiovisuales pueden ejercer una función en el impulso de la educación en medios, propiciando que el sistema educativo asuma la responsabilidad de formar a los menores para el buen uso de la televisión, de Internet y del resto de «pantallas» que constituyen su entorno habitual. Al mismo tiempo dichos Consejos están en condiciones de ayudar a los profesionales de los medios a aplicar e interpretar la legislación relativa a los contenidos audiovisuales de una forma libre y responsable, facilitando de este modo la autorregulación. El artículo aporta las experiencias realizadas por el Consejo Audiovisual de Cataluña para promover la alfabetización mediática.

Education in and for the media is doubtlessly necessary and is very slowly slipping into regular education, but not very satisfactorily. This work must be fleshed out by the media’s effort to take some responsibility for the educational work as well, not by educating directly, but by trying to match their broadcasts with the values that education is trying to convey. Audiovisual Councils can play a role in driving media education, helping the educational system to meet its responsibility to educate children to use properly the television, the Internet and other regular screens habitually surrounding them. At the same time, these Councils can help media professionals enforce and interpret legislation about audiovisual contents freely and responsibly, thereby facilitating self-regulation. The article contributes the experience garnered by the Audiovisual Council of Catalonia in promoting media literacy.

Keywords

Educación en medios, autorregulación, Consejos Audiovisuales, ética, legislación audiovisual

Media education, self-regulation, Audiovisual Councils, ethics, audiovisual legislation

Archivo PDF español

Archivo PDF inglés

Cada vez se extiende más la convicción de que educar en y para los medios audiovisuales es una necesidad ineludible. Es preciso que la educación en general se adapte al nuevo entorno de múltiples «pantallas » y utilice técnicas e instrumentos hasta hace poco inhabituales. Sin abandonar la letra escrita y seguramente tampoco la pizarra tradicional, es necesario que las distintas fuentes de conocimiento aprendan a complementarse, y que las virtualidades que tiene la imagen se exploten en beneficio del uso de la razón. Pero, sobre todo, lo que es urgente es abordar la formación de la personalidad desde una realidad que ofrece unas ventajas y, a la vez, unos inconvenientes que hay que estudiar con detenimiento. Los grandes valores que de berían guiar la conducta humana y propiciar la convivencia siempre han estado en peligro. Pero las amenazas que se ciernen sobre ellos son distintas en cada época. Hoy, la televisión, los videojuegos, los móviles, Internet, constituyen un complejo de medios de comunicación y de diversión, que expone a la infancia a unas influencias más directas y más universales que los medios más tradicionales, y que ponen al alcance de los menores unas posibilidades de entretenimiento, y también de información, más incontrolables. No se puede abordar la educación con un mínimo realismo ignorando que dicho entorno existe y es importante tenerlo en cuenta.

Los medios de comunicación, a su vez, se resisten a ser regulados y a que alguien desde fuera ponga límites a la libertad de expresión que ellos gestionan. Lo que no es obstáculo para que, desde los mismos medios, se solicite una educación que enseñe a comprenderlos e incluso a criticarlos. Es la mejor forma de preservar tanto la autonomía de los profesionales como la de las audiencias. Es una forma también de intentar que sea la madurez moral de unos y otros la que, finalmente, exija y consiga unos medios de comunicación más dignos y coherentes con los principios y valores éticos básicos en nuestras democracias.

Se dice que para educar a un niño hace falta la tribu entera. La educación, dicho de otra forma, no puede ser una empresa solitaria ni sectorial. La escuela tiene, sin duda, un papel preponderante, en la medida en que recoge y aplica unas directrices que la sociedad le ha encomendado. Pero la escuela acaba siendo impotente para cumplir su cometido si le falta la complicidad del mundo externo a la escuela, esto es, en primer lugar, la familia, y, después, el conjunto de medios audiovisuales y electrónicos que cualquier niño aprende a manejar y a gestionar con una rapidez que en seguida desborda la capacidad y la voluntad de los mayores de adiestrarles.

Es difícil conseguir esa complicidad de todos los actores sociales con la tarea educativa. Entre otras cosas, porque hay una educación reglada que tiene establecidos unos curricula que determinan cuáles son los conocimientos mínimos que obligatoriamente hay que transmitir. Todo lo que queda fuera de dicha regulación que afecta exclusivamente a la escuela, empezando por la familia, depende de la buena voluntad de los distintos agentes así como de su capacidad para aceptar con responsabilidad el papel que les corresponde desempeñar en cada caso. Por supuesto que la familia es la primera responsable de lo que sus hijos hacen y ven en televisión. Pero también hay que reconocer que la familia necesita ayuda, especialmente en aquellas franjas horarias en que padre y madre, sometidos a horarios laborales irreconciliables con la educación de los hijos, no pueden atender directamente las obligaciones educativas.

Por lo que hace a los medios audiovisuales en general, y a la televisión más propiamente, me parece lógico que sus profesionales se resistan a asumir la responsabilidad educativa como tarea propia, especialmente si por tal se entiende la elaboración de programas educativos. Sólo la televisión pública tiene la obligación de atender ese aspecto. Las televisiones privadas, por su parte, han de asumir una responsabilidad más difusa, a saber, la derivada de la convicción de que, por lo menos, son un medio de socialización indiscutible, de socialización y de influencia en la visión del mundo que va adquiriendo la infancia, razón por la cual deben cuidar muy especialmente la programación que emiten en la franja de horario protegido.

Precisamente porque esa responsabilidad es difusa, difícil de concretar en unas pautas de comportamiento y de buen hacer que no den lugar a equívocos, la administración educativa debería hacer suya la tarea de inculcar en los profesores la necesidad de educar a los alumnos en y para los medios audiovisuales. La realidad es que la administración raramente está por la labor. La alfabetización mediática es un elemento nuevo y ya sabemos la dificultad de introducir innovaciones en las inercias administrativas. Un elemento que, además, implica formación del profesorado y, por lo tanto, un presupuesto específico para ello. También es cierto que no todos los profesores ven del mismo modo la urgencia de atender a la educación audiovisual o digital, más allá de los aspectos puramente técnicos que realizan los especialistas en la materia. Vivimos en una sociedad donde hay expertos para cada problema, lo cual nos condiciona a la hora de abordar los problemas que tenemos y constituye un obstáculo casi insuperable cuando nos hallamos frente a un problema que requiere un abordaje «transversal». El mismo concepto genera escepticismo dado el fracaso experimentado por las escuelas ante la iniciativa de introducir en el proyecto docente conocimientos transversales.

Ahí es donde los Consejos Audiovisuales pueden desempeñar una labor interesante, oportuna y perfectamente complementaria con sus funciones más específicas. Dichos organismos ocupan un espacio idóneo para ejercer de mediadores entre los propios medios audiovisuales y la sociedad en general. Al mismo tiempo están en condiciones de acoger y apoyar las iniciativas provenientes del ámbito educativo.

Las autoridades reguladoras, si entienden bien su cometido, perciben en seguida que controlar a los medios audiovisuales es una tarea muy compleja. Por una parte, hay que conseguir que se cumplan una serie de reglas relativas a los tiempos de la publicidad, la señalización de programas, el respeto al horario protegido, etc. Por otra, es preciso tener un conocimiento más ajustado de lo que en realidad está ocurriendo: cuáles son las preferencias infantiles, cómo influye en sus mentes y en su desarrollo la adicción a las pantallas, cuándo la violencia traspasa los límites permisibles, qué es pornografía, qué valores morales y no morales transmiten los programas infantiles, qué identidades propician, y tantas otras preguntas que los expertos en educación y comunicación se están planteando desde hace tiempo. A los Consejos Audiovisuales les corresponde defender los derechos de los telespectadores –menores y adultos– frente a los posibles abusos de todo tipo por parte de los medios audiovisuales. Dado que éstos se erigen en mediadores de un bien básico que es la libertad de expresión y el derecho a la información, cualquier interferencia en su trabajo aparece inmediatamente como un acto de censura.

La labor de los Consejos tiene que ser muchas veces indirecta, de mediación entre derechos de distinto orden: el derecho a la libertad de expresión, por supuesto, pero también el derecho a la educación. Un derecho imposible de garantizar si los medios audiovisuales se dedican sistemáticamente a desbaratar todo aquello que la familia o la escuela se propone transmitir a través de la educación.

1. Los Consejos Audiovisuales. La anomalía española

La situación de los Consejos Audiovisuales en España es algo singular, para utilizar una expresión benévola. Lo explicaré a través de mi experiencia personal, que me permitió seguir muy de cerca la iniciativa frustrada de crear el primer Consejo Audiovisual español. En el año 1993 fui elegida senadora a las Cortes españolas y se me encargó la presidencia de una «Comisión sobre los contenidos televisivos». La Comisión tenía por objeto estudiar los excesos de unas programaciones que empezaban a estar en el límite de lo permisible. La Directiva Europea «Televisión sin fronteras» acababa de adaptarse a la legislación española y, por primera vez, parecía que existía base jurídica suficiente para ejercer un cierto control sobre los contenidos de la televisión, especialmente en lo relativo a la protección de la infancia.

La citada comisión descubrió con sorpresa que existían en el mundo unos llamados «consejos audiovisuales», la misión de los cuales era precisamente la de supervisar la aplicación de la ley y la defensa de los derechos de los telespectadores frente a posibles abusos de una industria cuyo principal interés eran los ingresos derivados de la captación de publicidad. No fue difícil consensuar entre los grupos políticos un informe que, además de hacer un diagnóstico sobre los peligros de los contenidos televisivos en aquel momento, recomendaba muy especialmente la creación de un Consejo Audiovisual español.

El consenso recabado en el Senado sin demasiado esfuerzo pues todos los grupos políticos lo apoyaron, sin embargo, sirvió de poco. A la hora de la verdad y de proponer una ley que creara el citado Consejo, partidos políticos –todos– cambiaron de opinión. Las empresas audiovisuales privadas presionaron mucho – y lo siguen haciendo– para impedir que el Consejo tuviera vía libre. Ninguno de los gobiernos habidos desde entonces –hablo de 1996, año en que se presentó y aprobó el informe del Senado– ha tenido la voluntad o el valor suficiente para hacer la propuesta de crear un Consejo Audiovisual en España.

El trabajo realizado en el Senado, sin embargo, no cayó en saco roto. Al cabo de un par de años fue el Parlamento catalán el que aprobaba una propuesta del gobierno autonómico para crear un Consejo Audiovisual que, si bien empezó siendo poco más que un consejo asesor con escasas competencias, a partir del año 2000 se constituyó como un Consejo plenamente homologable con los consejos europeos e internacionales más independientes y con mayor capacidad de acción. El Conseil Supérieur de l’Audiovisuel francés sirvió de ejemplo para edificar la primera estructura, que ha ido ampliándose desde entonces. Actualmente el Consejo Audiovisual catalán tiene plenas competencias no sólo para exigir el cumplimiento de la legislación relativa a los medios audiovisuales, sino para decidir los concursos y otorgar las frecuencias de las radios y televisiones autonómicas. No sólo en Cataluña se creó el Consejo, que goza de excelente salud y tiene un amplio reconocimiento por parte incluso de medios audiovisuales reacios a aceptarlo de entrada, sino que, en el año 2005, se aprobó en Cataluña una Ley del Audiovisual, absolutamente necesaria para poner al día toda la regulación que se había ido produciendo desde el primer Estatuto de Radiotelevisión Española, en 1983. El ejemplo catalán por lo que hace a la creación de Consejos Audiovisuales fue seguido de inmediato por la comunidad autónoma de Navarra, que creó su propio Consejo, así como por la Junta de Andalucía que tiene el suyo desde 2006. No obstante frente a estos avances, la anomalía persiste. No tiene mucho sentido que un medio como la televisión, un medio cuyas fronteras son cada vez más imprecisas, sea controlado sólo en algunos de los territorios del Estado español. Los Consejos audiovisuales catalán, andaluz y navarro, pueden vigilar respectivamente a las radios y televisiones autonómicas, pero no a las nacionales que, por otra parte, llegan a los hogares de todos los catalanes, navarros y andaluces. Un despropósito y un agravio comparativo para algunos medios autonómicos, y, lo que es más grave, una desatención a los derechos de los telespectadores del conjunto del territorio español.

2. Los Consejos Audiovisuales y la educación en medios

El Consejo Audiovisual de Cataluña ha mantenido desde su fundación la preocupación por la educación en medios. El libro, destinado a los docentes, «Cómo ver la televisión», fue una de sus primeras publicaciones y cuenta ya con una segunda edición, en catalán y en castellano, de amplia difusión en los centros escolares. En el año 2002 se elaboró y publicó el «Libro Blanco. La educación en el entorno audiovisual», con la intención de tener un diagnóstico de la situación en Ca taluña a partir del cual proponer una serie de medidas para mejorarla y corregir las disfunciones existentes. El texto ha tenido una amplia difusión en todo el territorio español y ha sido una publicación de referencia para poner de manifiesto los déficits del sistema educativo relativos a la educación en medios así como para señalar algunas líneas de trabajo para remediarlos.

No es frecuente que una autoridad administrativa independiente, como son los Consejos Audiovi sua les, busque conexiones con el mundo de la educación. En Europa, sólo la OFCOM ha hecho suya la tarea de liderar la alfabetización mediática respondiendo a un mandato específico del gobierno británico. Desde un punto de vista meramente intuitivo parece obvio que un organismo dedicado a vigilar a los medios audiovisuales y, en especial, a la televisión, poniendo un énfasis preciso en la protección de la infancia, asuma que la educación forma parte de sus preocupaciones. Al fin y al cabo, la regulación de los contenidos televisivos no puede ir mucho más lejos de lo que la Directiva Europea establece: prohibir todo aquello que pueda perjudicar la salud física, psíquica o moral de la infancia. ¿Dicha formulación nos da criterio suficiente para prohibir algún tipo de programación como no sea la pornografía pura y dura? El enunciado del mandato legal: «todo aquello que pueda perjudicar» establece una suerte de conexión de causalidad entre la programación y las conductas de la audiencia infantil, una causalidad imposible de verificar, dado que los comportamientos humanos no se explican aislando una sola de las variables que pueden influir en ellos.

La dificultad de verificar empíricamente la influencia real de la programación televisiva en el comportamiento de la gente da alas a los responsables de las televisiones para banalizar sus emisiones y negar su influencia educativa. La consecuencia de todo ello es que hay que acabar confiando en el buen hacer de los responsables de los medios y en su voluntad de no perjudicar en exceso a los menores. Y hay que fiarse, más especialmente, de que éstos recibirán, por otro lado, información suficiente para contrarrestar los posibles efectos nocivos que pudiera producirles una programación descuidada o poco atenta a las necesidades de la infancia.

No se trata de tirar la toalla de la regulación, sino de hacer patente la dificultad que entraña desarrollar la legislación estableciendo criterios muy precisos para distinguir la programación adecuada de la que no lo es. Dichos criterios, finalmente, serían rechazados por invadir la libertad de expresión, como he dicho ya más arriba. La censura a la libertad de expresión es una losa que se cierne sobre los Consejos Audiovisuales en todo el mundo, y hay que ser prudentes para que no acabe aplastando una labor, por otra parte, absolutamente necesaria. Los Consejos están en muy buena situación para proponer interpretaciones de las normas jurídicas y recomendaciones derivadas de ellas, así como para acabar persuadiendo a los profesionales de los medios de comunicación de su parte de responsabilidad ética en la interpretación y la aplicación de la legislación. La actitud que los responsables de los medios deberían hacer suya es la de quien, ante la programación emitida en horario protegido, se pregunta: «¿me gustaría que mis hijos vieran todo esto?».

Una pregunta, no hace falta decirlo, que suele estar lejos de las preocupaciones de unas empresas cuyo objetivo finalmente no es otro que el de intentar atraer a los niños y adolescentes muchas veces a costa de lo que sea. No obstante, tomarse en serio la función que la televisión debería realizar con vistas a «no perjudicar » a la infancia no significa otra cosa que reflexionar sobre su coherencia con los objetivos de la educación.

Controlar los medios audiovisuales no es sólo imponer sanciones cuando la ley deja de cumplirse. Esa labor policial puede hacerse pero sólo en casos muy excepcionales. Por eso, más que una función específica de puro control, lo que hacen los Consejos Audiovisuales es contribuir a la corregulación, estimular la labor conjunta entre las empresas de televisión y las organizaciones ciudadanas o agentes sociales para que la programación mejore y se ponga efectivamente al servicio de la audiencia. Algunas televisiones cuentan con la existencia de un consejo educativo que asesora en tal sentido. Sería bueno que todas lo tuvieran.

Y sería bueno asimismo que los más directamente responsables de la educación, familia, escuela y edu - cadores varios, asumieran como propia la obligación de transmitir pautas para comprender el lenguaje audiovisual –y digital– y aprender a descodificarlo adecuadamente. No se trata de una competencia estrictamente técnica que los menores dominan antes de que lo hagan sus padres o maestros. Se trata de una competencia social, moral o ciudadana. El «reduccionismo tecnológico» es uno de los peligros que atenaza a los nuevos medios de comunicación. Aprender a utilizar los medios no puede significar sólo manejarlos técnicamente, sino más bien llegar a tener la capacidad de discernir lo que tiene calidad de lo que es pura basura, la buena información de la mala, aprender a no dejarse cautivar por la incitación publicitaria y a corregir la tendencia a una asimilación puramente pasiva de los contenidos mediáticos. Para poder transmitir esa capacidad, los profesores o los padres han de saber primero a qué viven expuestos sus hijos y sus alumnos y darles instrumentos para reaccionar y defenderse de posibles influencias nocivas.

La tarea es compleja, se necesitan medios materiales, una cierta formación y tiempo para ejecutar las ideas que a uno se le ocurren. Generalmente, las administraciones acceden a aportar medios técnicos, pero hacen oídos sordos a la necesidad de adaptar a los agentes educativos a las situaciones nuevas a que deben enfrentarse. Tampoco les incentivan para ello. Generalmente, son unos pocos profesores entusiastas los que acaban persuadiendo al conjunto, invirtiendo en el empeño buenas dosis de generosidad y buena fe. Tal es la razón por la que la ayuda de los Consejos Audiovisuales puede ser preciosa. Si éstos son capaces de entender que contribuir a la educación en medios forma parte también de su cometido, llevarán a cabo una función mediadora entre las autoridades educativas, los agentes educativos y el mundo audiovisual.

3. La experiencia del Consejo Audiovisual de Cataluña

La convicción de que la interlocución con los ámbitos educativos es absolutamente fundamental para los Consejos Audiovisuales, ha acompañado desde el principio al Consejo Audiovisual de Cataluña. Además de la publicación de material escolar, se han llevado a cabo desde dicho Consejo una serie de medidas destinadas a impulsar la investigación y a orientar la didáctica hacia la alfabetización mediática. En tal sentido, el Consejo catalán tiene firmados una serie de convenios con las distintas universidades catalanas con el fin de orientar a los investigadores en la línea indicada. Además de encargar estudios específicos a equipos de investigación ya consolidados, se abre una convocatoria anual de ayudas dirigida mayormente a los investigadores más jóvenes, con la especial mención de la educación en medios como una de las líneas de investigación priorizadas.

Por otra parte, el Consejo Audiovisual de Cataluña convoca cada año un concurso de premios para que los estudiantes de primaria y secundaria, así como los profesores de dichos niveles, puedan presentar sus trabajos y experiencias en alfabetización audiovisual. El objetivo es incentivar así el trabajo en el aula y estimular la imaginación de los docentes para encontrar maneras y métodos nuevos de educar para ver la televisión, para utilizar sabiamente Internet y los otros muchos otros medios que hoy constituyen el entorno natural de la infancia.

Un proyecto de envergadura y pionero en la cuestión es el documento elaborado por una serie de profesores de distintas universidades españolas, bajo la dirección de Joan Ferrés, sobre las «Competencias en comunicación audiovisual». El documento y la parafernalia de escritos a que dio lugar la discusión del mismo fue publicado por el Consejo Audiovisual de Cataluña en un número de «Quaderns del CAC». El propósito es que dicho documento sea el punto de partida para un estudio empírico de largo alcance, con una muestra que incluya a distintas edades, y que ponga de manifiesto el nivel de competencia en la utilización de los medios que tiene la población española. Para bien o para mal, «competencia» es un concepto nuclear del discurso educativo actual. En el ámbito de la comunicación, la «competencia» debe incluir no sólo los aspectos más técnicos, sino también, y quizá fundamentalmente, los aspectos sociales, éticos y estéticos. Se trata, en definitiva, de ir viendo hasta qué punto la ciudadanía es capaz de procesar las imágenes y la información que recibe de una forma «razonable» y no contraria a eso que podemos seguir llamando el «bien común». Es decir, con la capacidad suficiente para discernir lo correcto de lo incorrecto y lo que tiene una cierta calidad de lo que carece de ella. Lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto no son conceptos puramente subjetivos, aunque la subjetividad también participa de ellos. Superar el temor de caer en la subjetividad pura y darse cuenta de que es posible valorar también la cultura como tal y los productos que la cultura ofrece es un paso fundamental para emprender de una forma más rigurosa y eficaz la alfabetización mediática.

Un exdirigente de la «Federal Communications Comission» sentenció, hace unos años, que «la televisión siempre es instructiva. La pregunta que hay que hacerse es: ¿qué enseña?». No sabremos dar respuesta a tal pregunta si no tenemos claro qué nivel de «competencia» en comunicación tiene la ciudadanía y qué se puede hacer desde el sistema educativo para conseguir que la tal competencia progrese y mejore. En una época en que los valores éticos parecen quedar marginados por los valores que promueve la econ o mía de consumo, hay que indagar hasta qué punto los medios audiovisuales son un impedimento, y no una ayuda, en la construcción de ciudadanía. El tipo de individuo que configuran las sociedades más desarrolladas es el individuo consumista, no el ciudadano. Pero las democracias necesitan ciudadanos. Y una de las características del ciudadano es precisamente la de no mostrarse puramente receptivo o meramente pasivo ante los mensajes y las informaciones que le llegan, sino poseer la capacidad necesaria para procesarlos críticamente. A tal respecto, es una paradoja constatar que, en la sociedad llamada «del conocimiento», uno de los valores más vulnerables es el conocimiento mismo. Recibir información abundante, información superficial y fragmentaria, sobre todos los temas imaginables, no es adquirir conocimiento. Para llegar a conocer algo la mera receptividad es muy insuficiente. La educación reglada no puede obviar este dato si quiere obtener resultados mínimamente satisfactorios. Obtener información sobre lo que ocurre es el primer paso para orientarse en la realidad y hacerse cargo de ella, pero el segundo paso es aprender a seleccionar dicha información y a valorarla. Al valorar la realidad mediatizada el receptor de los mensajes aporta un plus para el que ha tenido que irse entrenando ya que ese plus valorativo no le viene dado por la realidad misma.

Lo que no significa en absoluto adoptar una actitud negativa y de rechazo frente al nuevo entorno mediático. Éste, como cualquier innovación, debe ser celebrado por las ventajas que supone, sin que ello impida, sin embargo, una cierta prevención ante las posibles disfunciones a las que habrá que enfrentarse una sociedad que quiere progresar también humanamente y no sólo tecnológicamente. Las tecnologías de la información tienen grandes potencialidades que pueden ser aprovechadas para bien o para mal. Puesto que se trata de innovaciones tecnológicas, es bastante fácil fijarse únicamente en el progreso técnico sin tener en cuenta que la técnica, en este caso, no es más que el vehículo para transmitir unos determinados contenidos.

A la educación, como he repetido ya, no puede interesarle sólo la competencia técnica, sino la competencia comunicacional en el más amplio sentido del término. Sin duda, la cultura audiovisual y digital facilitan una información y una comunicación más rápida, más cómoda y fácil. La pregunta es: ¿representará también un avance para el conocimiento, para la democracia, para la solidaridad y la autonomía de la persona? Sin duda, las nuevas formas de comunicación pueden llegar a reforzar todos estos valores y aspectos de la ciudadanía. Pueden hacerlo si existe una voluntad explícita de que lo hagan. De no existir tal voluntad, las nuevas tecnologías por sí solas son ciegas, no saben en qué sentido van.

Una alfabetización mediática ha de tener en cuenta, además de los valores tecnológicos y económicos, los valores sociales, democráticos y cívicos. Por sí sola la tecnología no hace mejores a las personas ni perfecciona las democracias, ni siquiera contribuye a acrecentar el saber. La tecnología es una ocasión y un medio para que todo eso ocurra. Por eso es tan importante aprender a utilizarla y que haya organismos que se dediquen activamente a fomentar dicho aprendizaje.

Nota

Dado que este artículo presenta las actividades del Consejo Audiovisual de Cataluña relativas a la alfabetización mediática, la bibliografía se limita a las publicaciones del Consejo sobre dicha materia.Todas ellas pueden encontrarse en la web: www.cac.cat.

Referencias

Casas, F. (2007). Preferències dels adolescents relatives a la televisió, Barcelona: Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Consell de l’Audiovisual de Catalunya (Ed.) (2003). Libro Blanco: La educación en el entorno audiovisual. Barcelona: Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Consell de l’Audiovisual de Catalunya (Ed.) (2006). L’educació en comunicació audiovisual. Quaderns del CAC, 25.

Ferrés, J. (Ed.) (2006). Com veure la televisió, Barcelona: Consell de l’Audiovisual de Catalunya. (Traducción al castellano del Ministerio de Educación, Madrid, 2008).