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Juventud, esfera pública, prensa, Twitter, agencias de juventud, ciberpolítica, agenda mediática, agenda ciudadana
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Los jóvenes son objeto de estudio en numerosos estudios centrados en el análisis de su acceso a la esfera pública como actores políticos (Briggs, 2017; Cammaerts & al., 2016; Chou & al., 2017). En España, algunas investigaciones han dado cuenta de la necesidad de considerar la «cuestión juvenil» como un elemento estructural desde donde comprender la calidad democrática de nuestras sociedades actuales y futuras (Tezanos & Díaz, 2017; Observatorio Social La Caixa, 2017). Según estos estudios, los jóvenes de hoy deben afrontar una precarización creciente que afecta de dos maneras su capacidad de intervenir en la esfera pública: por un lado, su situación de desventaja los ubica en condición de inferioridad en los debates públicos; por otro lado, los problemas que conlleva este rol secundario no son percibidos como un problema que afecta a la sociedad en conjunto y a su futuro.
El caso que aquí se presenta se basa en los primeros resultados de la investigación desarrollada en el marco del proyecto H2020 EURYKA. En una primera fase de este proyecto se analizaron las políticas y prácticas públicas de promoción de la inclusión y la participación de la juventud en nueve países europeos (EURYKA, 2017). Las agencias de juventud fueron uno de los aspectos que centraron el estudio. La muestra del análisis fueron las políticas vigentes, incluyendo los cambios recientes relacionados con la crisis económica. Los resultados de este estudio en concreto situaron a España en la cola de los países estudiados, obteniendo la única puntuación negativa en lo concerniente a acciones de gobierno dirigidas a las agencias juveniles. Este resultado reflejaba la disolución (decretada por ley en 2014) del Consejo de la Juventud de España (CJE), así como el hecho de que las protestas que generó este hecho fueron desatendidas.
Este artículo presentará, pues, los resultados de un estudio acerca de cómo una cuestión relevante que afecta a los jóvenes queda relegada a un segundo puesto de importancia en la esfera pública. Este estudio se centra, por un lado, en la observación de cómo la prensa española incorporó la disolución del CJE en su agenda temática; por otro lado, se observa la forma en que se utilizó Twitter para incluir el tema en la agenda ciudadana.
España tiene dos agencias de juventud legalmente constituidas: el Instituto de la Juventud (INJUVE) y el Consejo de la Juventud de España (CJE). El INJUVE es una institución gubernamental que ofrece servicio público a la juventud. Está dirigido por un cargo nombrado por el poder Ejecutivo a través del correspondiente Ministerio. El CJE, en cambio, es un organismo autónomo compuesto por 60 asociaciones y organizaciones juveniles de todo el país, cuyos representantes son elegidos por las bases. El CJE desarrolla programas específicos de lucha contra las desigualdades sociales que afectan a la gente joven. La presidencia del Consejo y su Comisión Permanente son elegidas por las entidades que forman parte de la Asamblea General. Por otro lado, el CJE es la agencia que representa a España en el Foro Europeo de la Juventud (YJF).
Hace cinco años, en un contexto de crisis económica frente al cual la Unión Europea exigió medidas de austeridad, el Gobierno español decretó la Ley Orgánica 2/2012 sobre Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, CORA). Ello dio pie a un estudio comprensivo sobre la Administración Pública, a fin de identificar las áreas de mejora y proponer medidas de acción. El Informe Ejecutivo de la CORA fue presentado al Consejo de Ministros el 21 de Junio de 2013. En él se recomendaba la disolución del CJE (entre otras agencias), argumentando que sus funciones duplicaban las del INJUVE. El Consejo de Ministros convino que la eliminación del Consejo de la Juventud supondría un ahorro de 4,3 millones de Euros para el presupuesto nacional. No obstante, el CJE era uno de los organismos de menor envergadura de la Administración (0,08% del presupuesto de la estructura ministerial) y, de hecho, ya había estado sujeto a un recorte presupuestario del 54% durante el período 2008-2012 (CJE, 2013).
Defensores del CJE iniciaron una campaña online, primero en Internet en la URL http://salvemoselcje.com/, y luego en Twitter (con el hashtag #salvemoselCJE). «Salvemos el CJE» fue una campaña dirigida a denunciar que el proceso de reestructuración al que se quería someter al CJE no era más que un medio para hacer desaparecer la agencia. Concretamente, se criticó el sesgo político de esta medida dada cuenta del posicionamiento crítico que el CJE mantenía frente a las políticas de juventud del Gobierno.
La Ley de Racionalización del Sector Público fue aprobada en Septiembre de 2014 (Ley 15/2014). En ella se daba luz verde a la disolución del CJE y su conversión en una entidad privada. Este acontecimiento fue seguido por un largo período en el que la prensa no generó más noticias sobre el tema. Tres años después, el 20 de Julio de 2017, el CJE y el INJUVE firmaban un acuerdo en presencia del Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. En la nota de prensa que generó el CJE el 21 de Julio de 2017 se anunciaba el inicio del proceso de aplicación del Real Decreto que disolvía la agencia, dejando constancia de la posibilidad de que el redactado del mismo incorporara algún cambio antes de su publicación final. En ninguno de los periódicos analizados en este estudio de caso se mencionó este hecho, como tampoco se detectó ninguna reacción en Twitter. De hecho, la campaña #SalvemoselCJE había llegado a su fin en Noviembre de 2015 (no se tuvo constancia de más tuits con ese hashtag desde entonces).
Este artículo se desarrolla en base a premisas teóricas que abordan el tema de la formación de la opinión pública y los procesos de deliberación. Para ello, resulta esencial revisitar los debates entre las teorías sobre la democracia deliberativa, inspiradas en los trabajos de Habermas, y las teorías del pluralismo agonista, de las cuales Mouffe es una destacada representante. La concepción habermasiana de esfera pública y de acción comunicativa parte de la comprensión de los procesos deliberativos como oportunidades para el consenso (Habermas, 1994). El pluralismo agonista critica, en cambio, que este consenso solamente pueda lograrse a costa de la voz de los disidentes. Mouffe argumenta que la definición de los ciudadanos en tanto que sujetos políticos debe tener en cuenta su identificación con los valores sobre los que se sustenta la democracia, los cuales no son valores universales ni normativos, como defendía Habermas, sino valores que dan significado a las diferentes identidades en conflicto que componen la sociedad (Navarro, 2014).
Actualmente la ciberpolítica introduce un importante cuestionamiento de ambas perspectivas. Como nunca antes, la red social incluye nuevas formas de expresión política que da pie a una esfera pública interconectada, en la cual la inmediatez marca el ritmo de la acción comunicativa (Cotarelo & Gil, 2017; Kurban, Peña-López, & Haberer, 2017). Por otro lado, hoy se percibe también la hegemonización de algunas formas de gobierno que en tiempos de crisis optan por el estatismo y el inmovilismo de los principios democráticos en pos de la recuperación económica, generando un incremento de las desigualdades sociales. De este modo, aunque la revolución tecnológica hace plausible un escenario de pluralismo agonista, lo cierto es que incluso en un contexto caracterizado por la multiplicidad de voces y el derecho a la comunicación, la disolución de los discursos contra-hegemónicos es un hecho todavía vigente.
La configuración de la agenda ciudadana (Miralles, 2001) debe afrontar el problema de la atomización del sujeto social, mientras la agenda mediática se afana por preservar su posición de privilegio para la expresión de la opinión pública (Coleman & Ross, 2010). A partir de aquí cabría preguntarse si los factores que actualmente difunden o silencian una determinada controversia pueden explicarse simplemente como consecuencias de la creciente complejidad de las acciones comunicativas o bien continúan respondiendo a los viejos esquemas de la acción política. Más allá del determinismo tecnológico que acompaña la visión emancipadora de los nuevos medios de comunicación (Castells, 1996), sería bueno comprobar si las mediaciones de las que hablaba Jesús Martín-Barbero (1987) se han fortalecido o se han debilitado con el advenimiento de las redes sociales. ¿Qué grupos son efectivamente capaces de acceder a (y de transformar) los espacios de deliberación?
Son varios los trabajos que se ocupan del estudio de los jóvenes desde la crítica a la estigmatización que supone vincularlos con una imagen de apatía, consumismo y anomia (Cammaerts & al., 2014; Chou & al., 2017). Autores como Tezanos y Díaz (2017) llegan a igualar la relevancia política de la cuestión juvenil con la que en su momento tuvo la clase obrera. La crisis económica y social se manifiesta se hace notar especialmente entre la gente joven, quien tiene que postergar la edad de emancipación económica y social. Según datos recientes de Eurostat la tasa de paro de los jóvenes en España es del 40,5%, lo que sitúa al país en el penúltimo peor lugar respecto al desempleo juvenil en Europa, solo superado por Grecia en 2017.
A pesar de estos datos, la juventud no está asumiendo un rol pasivo (Giugni & Lorenzini, 2017). En España la organización (liderada por los jóvenes) de movilizaciones ciudadanas masivas como las del 15M ha demostrado que las tecnologías son un instrumento clave para el activismo (Hernández, Robles, & Martínez, 2013) y que en determinadas circunstancias estos movimientos tienen capacidad de influenciar la cobertura mediática de los acontecimientos (Casas & al., 2016; Monterde & al., 2017), aunque otros estudios han destacado que la relación entre periodistas y activistas sigue siendo difícil (Micó & Casero-Ripollés, 2014). Con todo ello, cabe subrayar la capacidad de los jóvenes de acceder al capital social a través del uso de la tecnología móvil (Vidales-Bolaños & Sábada-Chalezquer, 2017), o su participación activa en la sociedad red (García-Galera, Del-Hoyo, & Fernández, 2014). Una diferencia entre la acción política de los jóvenes de hoy y la de generaciones anteriores en la España democrática es que, incluso tratándose de nativos digitales, su capacidad efectiva de alterar el estatus quo es menor, como escasa es su influencia en las decisiones políticas que afectan el futuro del país. El disenso que los jóvenes son capaces de manifestar se diluye en una esfera pública que reproduce un discurso normativo y prescriptivo, y que no deja lugar para la controversia.
Se utilizó una aproximación cuantitativa para estudiar la relevancia de la campaña «Salvemos el CJE» en la esfera pública a través de la prensa y Twitter. Por un lado, se llevó a cabo un análisis de contenido de los artículos de prensa que contenían la expresión «Consejo de la Juventud de España». Por otro lado, se desarrolló un análisis de la campaña en Twitter contra la disolución del CJE, observando el uso y la circulación del hashtag #salvemoselCJE.
La elección de (y limitación del estudio a) estos dos medios de comunicación contempla la hipótesis inicial de que la esfera pública tradicional no ha sido sustituida ni reformulada por una «nueva esfera pública» (Castells, 2008) por el mero hecho de abrir nuevos espacios políticos y de opinión online. Para testear esta hipótesis, se fijaron los siguientes objetivos:
• Demostrar que la configuración de la agenda mediática alrededor de la disolución del CJE fue determinada más por las rutinas periodísticas que por las líneas editoriales (o sesgos políticos) de cada periódico.
• Demostrar el bajo impacto de la voz de los jóvenes en relación a este tema, en parte debido a que su articulación respondió a estructuras organizativas offline que ni actuaron como fuentes principales para los medios estudiados, ni lograron integrarse a las dinámicas de las redes sociales online.
La base de datos utilizada para acceder a los textos de los periódicos españoles fue Factiva (una base de datos con más de 32.000 fuentes, 100 de los cuales son españoles). Un total de 22 periódicos fueron seleccionados en base al criterio de que se tratara de prensa diaria de cobertura nacional: «20 Minutos», «ABC», «El Confidencial Digital», «El Confidencial.com», «Crónica Global», «El Correo», «El Diario Montañés Online», «Diario Siglo XXI», «El Diario Vasco Online», «El Diario.es», «Diariocritico.com», «El Huffington Post-Spain Edition», «Elmundo.es», «El País», «El Pais.com», «El Español.com», «Gaceta.es», «El Imparcial», «El Independiente», «Infolibre», «El Mundo», «El Periódico de Cataluña».
La búsqueda de datos cubrió un período de cinco años, desde 2012 (cuando se inició la campaña) hasta Julio de 2017 (cuando el CJE firmó el acuerdo sobre su propia disolución). No aparecieron datos a partir de 2015. La cobertura en prensa de la disolución del CJE se sitúa, por tanto, entre los años 2012 y 2014.
Las 81 noticias encontradas se codificaron en base a una guía de codificación que contemplaba dos variables: el abordaje o no del tema, junto con el grado de visibilidad asignada a la disolución del CJE, así como la temporalidad (permanencia de las noticias en la agenda mediática). En cuanto a la primera variable, la guía de codificación estableció cuatro tipos de noticias: (1) Noticias que mencionaban el CJE en la noticia pero que no mencionaban su disolución; (2) Noticias que mencionaban la disolución del CJE, aunque este no era el hecho noticioso destacado; (3) Noticias sobre la disolución del CJE; (4) Noticias sobre la disolución del CJE y que lo identificaban como fuente.
El análisis de Twitter se centró en el uso y la circulación del hashtag #salvemoselCJE. El estudio recogió los tuits publicados entre el 20 de Junio de 2013 (fecha del primer tuit que incluyó el hashtag de la campaña) y el 23 de Noviembre de 2015 (fecha del último tuit).
El análisis también se ocupó específicamente de los tuits publicados el 11 de Septiembre de 2014 (fecha en que se anunció la aprobación de la Ley 15/2014 en el Congreso). Con la observación de la actividad de Twitter en una fecha tan crucial, el estudio pretendió identificar los actores clave de la defensa del CJE y sus interacciones.
El objetivo del análisis era dar cuenta de la viralidad de #salvemoselCJE en Twitter durante la campaña, siguiendo el modelo de Gladwell, a partir del cual se estudia a los usuarios en tanto que fuentes, así como el contenido y el alcance de los mensajes (Gladwell, 2000). Observando la actividad de Twitter durante un solo día, el estudio pretendía reunir información precisa sobre el tipo de cuentas que generaban cada tuit, el número de seguidores de esas cuentas, el número de «likes», retuits y respuestas que recibía cada tuit, así como el posicionamiento de los tuits en relación a la campaña.
También se identificó una serie de hashtags relacionados, generando un análisis de nube a través TagCrowd, que ayudó a visualizar la frecuencia de uso de los mismos. Las cuentas de Twitter fueron clasificadas e identificadas como «institucionales» o «individuales» y, en la medida de lo posible, se recogieron para ambos casos datos adicionales sobre la identidad de cada actor (en términos de afiliación política, pertenencia a grupo, etc.). Cada una de las cuentas fue tipificada en relación a un perfil de red específico. En este caso, el esfuerzo se centró en confirmar la existencia o ausencia de «influencers» (actores cuyas cuentas tienen más de 100.000 seguidores) (Jivkova-Semova, Requeijo-Rey, & Padilla-Castillo, 2017).
En esta sección se presentarán los resultados del análisis cuantitativo de 81 artículos de prensa, así como de 184 tuits donde apareció el hashtag #salvemoselCJE. El análisis se centró en el abordaje de la disolución del CJE como controversia en la prensa y en Twitter. Basándose en este análisis, se van a intentar responder las siguientes preguntas de investigación:
La primera aparición del CJE y/o su disolución en las noticias se remonta al 11 de marzo de 2012, un mes antes de la aprobación de la Ley 2/2012. Las últimas noticias publicadas sobre el tema aparecieron el 28 de diciembre de 2014, dos meses después de la publicación de la Ley 15/2014.
Tal y como muestra la figura 1, los meses más activos fueron junio y agosto de 2013, con 14 y 12 artículos respectivamente. Esto fue debido al hecho de que el 21 de junio el Consejo de Ministros anunció la decisión de disolver el CJE. En agosto de ese año el CJE publicaba un informe sobre el acceso a la vivienda de los jóvenes en España.
Más tarde, el 27 de julio de 2017 el CJE y el INJUVE firmaron finalmente un acuerdo de disolución. Entre el 21 y el 31 de julio 15 periódicos mencionaron el CJE, pero ninguno de ellos recogió la nota de prensa con la que el CJE anunció la firma del acuerdo.
Mientras duró la campaña de defensa del CJE, este fue mencionado en 81 noticias de los 22 periódicos analizados. Una mayoría significativa de las noticias (86,5%) apenas mencionaba el CJE y/o su disolución en el texto. Las restantes 11 noticias (13,5%) hablaban del cierre del CJE, de las cuales 8 (9,8% del total) mencionaban el organismo en el titular. Solamente tres periódicos («El Diario.es», «El Periódico» e «Infolibre») publicaron noticias sobre la disolución del CJE donde, además, este era identificado como fuente de información («El Diario.es» publicó tres noticias, y «El Periódico» e «Infolibre» publicaron una). El periódico que dedicó una mayor cobertura al tema fue «El Diario.es», con tres noticias sobre la disolución del CJE.
La cobertura del tema varió significativamente de un periódico a otro. Mientras «El Diario.es» publicaba tres noticias sobre el cierre del CJE (de las cuatro que dedicaba a este organismo), otros rotativos como «El Mundo», «La Vanguardia» o «ABC» no publicaron ninguna (frente a las 12, 4 y 8 noticias donde se hablaba del CJE sin mencionar su cierre, respectivamente).
La dispar cobertura así como el destacable bajo número de noticias que directamente hablaran de la disolución de CJE muestran que este no fue un tema destacado de la agenda mediática en prensa, a pesar de que la población joven en España tiene un importante peso numérico respecto al resto de la población. De hecho, 10.533.437 personas (el 22,59% de la población española) tenían entre 15 y 35 años en 2015 (INJUVE, 2016).
Hubo un primer período de actividad intensa entre el 20 y el 30 de junio de 2013, durante el cual fueron publicados un total de 902 tuits. Como se muestra en la Figura 2, los siguientes picos de actividad fueron pocos y alejados en el tiempo. El pico del 11 de septiembre de 2014 (fecha en que se anunciaba la aprobación de la Ley de Racionalización del Sector Público por la que se disolvería el CJE) centró la atención de un análisis más pormenorizado que se presentará a continuación (a pesar de que, como puede verse en la Figura 2, este no fue un momento álgido en número de tuits).
El hashtag #salvemoselCJE apareció en 184 tuits de 123 cuentas. El resultado más significativo de los datos muestra que no hubo desacuerdo ni controversia respecto al contenido de la campaña. De hecho, como suele suceder en Twitter, la actividad que generó la campaña #salvemoselCJE reprodujo el efecto «caja de resonancia» por el que se reconoce el común acuerdo de todos los participantes respecto a un determinado tema, limitando así la posibilidad de debate más allá del círculo de defensores de esa causa.
La Figura 3 ilustra la relevancia de cada uno de los hashtags que fueron utilizados durante la campaña. El tamaño de la letra es proporcional a la frecuencia de aparición.
Cerca de la mitad de los 184 tuits analizados fueron publicados por instituciones, mientras que la otra mitad correspondía a individuos. Se contabilizaron 65 tuits generados a título personal ante 58 tuits institucionales. Este resultado, no obstante, contiene un alto grado de distorsión puesto que un elevado número de los individuos (44,6%) pudieron ser identificados como personas vinculadas a una institución. Este hallazgo sugiere que la protesta que generó la aprobación de la Ley 15/2014 tuvo un impacto potencialmente significativo entre los miembros de organismos offline (posiblemente vinculados entre sí). Esta estructura muestra un flujo centrípeto de conexiones, situando al CJE como nodo neurálgico de circulación de información (lo que coincide con el hecho de que el CJE actúa como institución paraguas).
Los tuits publicados el 11 de Septiembre de 2014 conteniendo el hashtag #salvemoselCJE no tuvieron un impacto significativo en términos cuantitativos, lo cual se relaciona con la baja capacidad de influencia de los actores implicados. 8 instituciones (6,5%) tenían más de 10.000 seguidores (Tabla 1). La cuenta institucional con un mayor número de seguidores fue el sindicato UGT (con 32.000 seguidores), mientras que solamente una cuenta individual superaba esta cifra (un periodista con 78.600 seguidores que tuiteó una sola vez y obtuvo un retuit, 16 «likes» y 2 respuestas). Esto significa que ninguno de los actores de esta campaña podría ser identificado como «influencer» según la categorización de Jivkova-Semova & al. (2017), ya que no hubo ninguna cuenta con más de 100.000 seguidores.
No obstante, siguiendo la propuesta de Congosto (2015), entre las cuentas de Twitter con mayor número de seguidores, 5 (en este caso, de tipo institucional) podían identificarse como «influencers» puesto que el número de retuits fue mayor en ese contexto (el coeficiente entre el número de tuits y el número de retuits fue superior a 4). Estos «influencers» (INF) aparecen en la Tabla 1.
A fin de analizar las cuentas institucionales e individuales se utilizó la clasificación de la actividad y el impacto de los actores que propone Congosto (2015). Se obtuvo un resultado relevante en relación a esta cuestión, puesto que los datos confirmaron que la actividad entorno a #salvemoselCJE no fue de alta influencia: casi el 25% de las instituciones e individuos eran pasivos en tanto que el número de tuits que generaron fue inferior a la media (1,6 tuits). Otro 13,9% de los actores fueron considerados como usuarios «aislados», puesto que no generaron retuits ni likes. Solamente una pequeña minoría (4%) fueron identificados como «networkers», dado que publicaron más tuits que la media y recibieron una cantidad proporcional de retuits.
Este artículo aporta datos para la comprensión de posibles razones por las que las reivindicaciones políticas de los jóvenes en España no consiguen el estatus de controversias que las sitúen en los debates de la esfera pública. En relación a la hipótesis inicial, los resultados del análisis sugieren la idea de que las reivindicaciones políticas de los jóvenes españoles no tienen éxito cuando se trata de la defensa de sus propios intereses (como jóvenes). El estudio apunta a la paradoja de que una agencia de juventud consolidada y de organización tradicional fracasa en sus intentos de acceder a la esfera pública.
Por lo que respecta al primer objetivo del estudio, los resultados demuestran que la cobertura en prensa de la disolución del CJE no levantó ninguna controversia. La evolución del tratamiento del tema en los periódicos analizados muestra que el grado de relevancia del acontecimiento noticioso fue determinado por la rutina periodística que plantea la «noticiabilidad» bajo una lógica efímera. Esta misma rutina situaba el foco de interés en la acción del Gobierno más que en las demandas sociales y actividades que generó la campaña «Salvemos el CJE». Todos los periódicos adoptaron una rutina productiva que introdujo el tema en la agenda mediática solamente al inicio del proceso. Ningún rotativo dedicó análisis alguno (fuera positivo o negativo) al cierre del CJE en julio de 2017. La disolución del CJE, por tanto, dejó de ser tema noticioso antes de poder convertirse en controversia pública. Esta constatación confirma una de las principales ideas de este artículo, según se describe en su segundo objetivo. Se trata de la idea de que los temas que atañen a la juventud española no se hacen un lugar en los debates públicos, ni tienen (por tanto) acceso a la esfera pública. A pesar de que las demandas de los jóvenes producen un cuestionamiento del estatus quo, estas son poco tenidas en cuenta por la prensa y percibidas como marginales. En general, su voz no ocupa un lugar relevante en las noticias.
Los picos de atención que mereció en Twitter el hashtag #salvemoselCJE coinciden en gran medida con los picos de interés que la disolución del CJE generó en la prensa. Este resultado muestra, en este caso, una evolución paralela de la agenda mediática y la agenda ciudadana. Ello no significa que la prensa y Twitter compartan rutinas productivas, sino más bien que sus respectivas agendas siguieron el ritmo marcado por la toma de decisiones del Gobierno español en relación a este caso. Ello se puede confirmar con el hecho de que los picos de actividad (tanto en la circulación de noticias como de tuits) coinciden con cada paso dado por el Gobierno. Este comportamiento podría verse como algo normal en el caso de la prensa generalista, pero resulta extraño como práctica de la sociedad civil ya que esta no necesita establecer su agenda pública del mismo modo.
Hay otro hallazgo que ayuda a explicar el porqué de la limitada capacidad de los jóvenes de acceder a la esfera pública a través Twitter en el caso de esta campaña. Según muestra el estudio, la consolidada estructura de una organización como el CJE puede actuar como freno a su capacidad de llevar la controversia fuera del ámbito de los «asuntos internos». La campaña «Salvemos el CJE» se mantuvo dentro de las mismas redes que tejen la estructura del CJE en tanto que institución paraguas offline. El hecho de que el hashtag #salvemoselCJE circulase en Twitter no significa que las demandas de los jóvenes transcendieran de forma eficaz los muros de una «comunidad aislada». El análisis de la circulación de información sobre este caso en Twitter demuestra la inexistencia de actores externos opinando sobre la campaña, viéndose así limitada la capacidad de impacto de la misma. La imposibilidad de llevar el tema «fuera» apunta también a la probable ausencia de una estrategia comunicativa planificada. De aquí que el tema haya podido resultar invisible para la sociedad en general.
En esta conclusión final se propone una revisión de los principios del pluralismo agonista en relación a la sociedad digital. Internet y las redes sociales abren la posibilidad de competir con la posición dominante de los medios tradicionales, lo cual puede conducir al establecimiento de una nueva esfera pública, más abierta a la diversidad de voces y temas. No obstante, esto no puede ser considerado todavía un hecho. Una vez constatada la escasa presencia que el anuncio de la disolución del CJE tuvo en la agenda mediática y en la agenda ciudadana, y considerando el silencio que habitualmente se genera entorno a la cuestión juvenil en tanto que cuestión estructural, se abre todo un camino para analizar con mayor profundidad los mecanismos de perpetuación de las desigualdades a la hora de acceder a la esfera pública.
En estudios futuros sería interesante ampliar el enfoque para llevarlo más allá de este caso particular de análisis, y así comprender mejor la posición y el impacto en la esfera pública de las opiniones de los jóvenes y de los temas relacionados con la juventud, en relación al ámbito más amplio de las demandas sociales. En este sentido, falta desarrollar un análisis más arduo sobre la forma en que los discursos contra-hegemónicos se posicionan en la agenda mediática (incluyendo los contenidos audiovisuales). El estudio realizado también apunta al reto de abordar la forma en que las agencias y campañas lideradas por jóvenes pueden utilizar y maximizar el potencial de las redes como espacios efectivos de acción política, evitando caer en la auto-referencialidad y la guetización.
Los datos presentados en este artículo se han obtenido durante una fase inicial del proyecto «Reinventing democracy in Europe: Youth doing politics in times of increasing inequalities» (EURYKA, Reinventando la democracia en Europa: la participación política de la juventud en tiempos de crecientes desigualdades). Este proyecto es financiado por la Comisión Europea en el marco H2020 (con contrato número 727025).
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