La televisión y la política: Francia y España
Television and politcs: Spain and France

Tomás Pedroso Herrera
Huelva (España)

Televisión publica, consejo de Europa, comité de sabios.
Public television, council of Europe , expert committee.

A finales de 1996 y a principios de 1997 el Senado francés emite un extenso documento en el que, bajo el título de «L'entrée dans la société de l'information», intenta acercarse al problema que suponen las nuevas tecnologías. El documento es esencialmente teórico y en él se especula con algunos de los términos que aparecen en todas las revistas especializadas en comunicación y también en la prensa generalista.
         El primer punto sobre el que se reflexiona es la mundialización que consiste, según los senadores franceses, en el hecho de que la información se produce en tiempo real en cualquier parte del mundo. Los medios tecnológicos permiten la retransmisión en directo de la realidad, lo cual significa un flujo permanente de conocimiento e información que se han convertido en la mayor fuente de riqueza de las sociedades contemporáneas.
         Como consecuencia de lo anterior, se ha producido una democratización del saber. Todo el mundo puede acceder a los conocimientos que antes estaban reservados a determinadas minorías. La escuela juega aquí un papel crucial porque desde ella se deben difundir las tecnologías que permiten el acceso a esa información democratizada. El Senado francés resalta el que en Europa, y en especial en Francia, se va a remolque de lo que se hace en estaos Unidos, donde hay una estrecha relación entre las aulas, las empresas privadas y los mecenas que difunden el uso de las computadoras y de Internet.
            La excesiva proliferación de la información tendrá también sus consecuencias negativas, una de las cuales será la difícil identificación de la fuente, lo que puede originar manipulaciones. Obviamente la verificación de la información también resultará problemática.
            Todo lo anterior acarreará una fragilización de las jerarquías, pues no serán los más poderosos los que tengan en exclusiva la información. Esto influirá enormemente en las empresas que deberán acomodarse a nuevas formas de trabajo, basado en la ayuda cooperativa, y también modificará las relaciones del ciudadano con la administración porque esta tenderá al uso de las nuevas tecnologías para dar mejor servicio.
            Después de estas aproximaciones teóricas, el documento se extiende sobre cada una de las nuevas tecnologías que ya están en funcionamiento o que se van a desarrollar en un futuro, tales como Internet o la nueva televisión digital terrestre.
            Finalmente concluyen que frente al «laissez- faire…» ultraliberal es necesario que exista una legislación que convierta el espacio de libertad que las nuevas tecnologías ofrecen en un espacio de responsabilidad. Además sería conveniente que se generaran códigos deontológicos que fueran inspeccionados por un Observatorio Nacional de la Evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (SONETIC).

El 23 de abril de 2004 el recién constituido gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero designó el Consejo para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad del Estado para estudiar cuáles eran los cambios pertinentes en los medios de comunicación públicos. El «comité de sabios», nombre con el que popularmente se designó al grupo de estudiosos, estaba encabezado por el filósofo Emilio Lledó, quien tenía como misión establecer un diagnóstico mediante la realización de un informe que, según M. Teresa Fernández de la Vega , vicepresidenta del gobierno, será incorporado a un proyecto de ley. La finalidad del proceso es, en palabras de la vicepresidenta, hacer «una televisión independiente y plural». Emilio Lledó manifestó su interés por el proyecto ya que consideraba que la televisión es «algo esencial para la constitución de una democracia crítica, inteligente y creativa». El Consejo de Expertos estaba formado por el propio Lledó, que es su presidente, así como por Enrique Bustamante, Victoria Camps, Fernando González Urbaneja y Fernando Savater. Todos ellos se comprometen a elaborar un informe en un plazo de nueve meses.
             En el preámbulo del documento se expone que la continua queja de la mayor parte de los televidentes y de los psicólogos, filósofos y sociólogos ha llevado buscar una solución práctica. Además la televisión puede convertir a los ciudadanos en «imbéciles absolutos o en personas democráticas e inteligentes», lo que supone que este medio de comunicación se ha convertido en el educador por antonomasia de la vida contemporánea.
            Una de las ideas centrales del documento es la de que los medios de comunicación estatales deben ser un servicio público y deben sustentarse en las ideas de democracia y libertad: democracia por que deben servir como expresión de la fuerza del ciudadano y libertad porque deben perseguir el desarrollo intelectual del individuo.
            Además de su carácter pedagógico y de su función de servicio público, los medios tienen que ser independientes y no aceptar criterios impuestos por los «gobiernos de turno».
            En el apartado desarrollado bajo el epígrafe del «Estado de la cuestión» se argumenta que en España no existe un marco legal adecuado que garantice el servicio público de los medios estatales, lo que ha tenido como consecuencia que no haya existido una separación entre información y opinión, y, además, se haya producido una deriva hacia un modelo comercial sustentado en la publicidad con un interés decreciente en los asuntos de la vida política y social y un acercamiento a los sucesos y a la crónica rosa. En especial se ha desatendido al público infantil al olvidar las demandas y necesidades de los más pequeños.
            A todo lo anterior hay que sumar la pésima situación económica en la que se encuentra el medio ya que acumula una deuda de 6224 millones de euros en 2003, por lo que se concluye que se ha producido una gestión empresarial irresponsable que ha generado la imagen de una empresa «ineficiente y despilfarradora».
            En Europa se ha producido en los últimos años un fortalecimiento del prestigio de la radiotelevisión pública ya que se han favorecido la excepción cultural y la diversidad, alejándose del modelo americano. Esta televisión europea se fundamenta en diversos documentos, que ofrecen directrices generales para el desarrollo del servicio público. El informe cita el generado en 1986 por el Consejo de Europa, el cual, bajo el título de «The future of public broadcasting», especifica que los medios de comunicación públicos deben ayudar al desarrollo democrático, a los derechos humanos, a la cultura y al pluralismo político.
            Este documento europeo enumera cuáles son los puntos que debe desarrollar todo servicio público: 1) Buscar la cohesión social de todos los grupos; 2) Conseguir que los medios de comunicación públicos se conviertan en un foro de discusión, 3) Información independiente; 4) Atender a la población general sin desatender a los grupos minoritarios, 5) Promover lo multiétnico y lo multicultural; 6) Ayudar a difundir la herencia cultural europea; 7) Asegurar la producción propia y 8) Ofrecer productos que no son ofrecidos por el mercado.
            A partir de estas ideas el «comité de sabios» elabora su propia propuesta, que incluye los siguientes puntos: 1) Los medios de comunicación estatales son un servicio público; 2) La asignación económica debe partir de los presupuestos generales del estado; 3) Deben buscar un beneficio razonable; 4) Debe producirse una gestión eficaz; 5) No debe existir una doble financiación; 6) No debe producirse un endeudamiento ilimitado y 8) Los medios tienen que estar controlados por una autoridad independiente.
            Los medios de comunicación, continúa el informe, deben informar, formar y entretener, pero lo específico de los medios públicos es «el propósito de servir al interés público y de perseguir no sólo la eficiencia económica sino también la rentabilidad social». A esto es lo que se le denomina justamente calidad, «un concepto en principio poco claro», pero que en la radiotelevisión pública debe incluir: 1) Diversidad de oferta para todos los públicos; 2) Pluralismo político y social; 3) Innovación y creatividad; 4) Excelencia técnica, estética y ética; 5) Atención a la infancia; 6) Difusión de valores que inspiren la educación, la convivencia y el comportamiento cívico; 7) Preservar y fomentar los principios constitucionales; 8) Promover la cohesión territorial; 9) Informar con pluralismo y veracidad; 10) Educar para la salud; 11) Promover la integración social; 12) Estimular la participación democrática y 13) Impulsar la proyección de España a escala internacional.
            Para conseguir lo anterior se creará un mandato-marco de nueve años de duración que será aprobado por el parlamento; le seguirá un contrato-programa trianual que será la concreción del anterior y, por último, se realizará una evaluación con los indicadores cualitativos y cuantitativos necesarios.
            Una gran parte del informe se dedica, como no podía resultar de otra manera a la televisión, que debe tener los siguientes aspectos: 1) La información: «Es el corazón de la distinción del servicio público». Tiene que ser veraz, imparcial, independiente, plural, contextualizada, profunda y no sensacionalista. 2) La cultura: Debe ser el tema central de la televisión, tanto la cultura clásica como la moderna, también la cultura técnica y científica. 3) La educación: Se debe educar según las necesidades sociales, atendiendo especialmente a la infancia y a la juventud. 4) El entretenimiento: Debe abarcar todos los géneros y debe ser muy respetuoso con los principios constitucionales de no igualdad y de discriminación. Se velará especialmente por los derechos de los niños con horarios infantiles protegidos y evitando todo contenido sensacionalista. 5) La publicidad: No tiene que entrar en contradicción con las funciones de servicio público si es respetuosa con la legislación vigente y con los derechos de los ciudadanos y los consumidores. Deberá reducirse el tiempo destinado a la publicidad, se separará claramente del resto de la programación y los presentadores no aparecerán en ella, a no ser que se trate de campañas publicitarias estatales.
            Tolo lo anterior se aglutina en una programación que se da en dos canales complementarios: TVE1, canal generalista para todos los públicos que no debe sucumbir a la competencia comercial y que incluirá recortes publicitarios (nueve minutos por hora) y La Dos, que satisfará a las «múltiples minorías», incidiendo principalmente en la interculturalidad.
            Ambos canales deben amparar a colectivos sociales singulares como a la infancia, la tercera edad, los discapacitados, las minorías étnicas y a los inmigrantes y refugiados. Asimismo debe preocuparse de la discriminación de las mujeres y la violencia de género, la seguridad vial, la defensa del medio ambiente, la drogadicción, el desempleo, el acceso a una vivenda digna, los derechos animales, el consumo saludable, etc.
            En el apartado de las conclusiones se explicita que para conseguir «unos contenidos de calidad para todos los ciudadanos» es necesario: 1) Ofrecer servicios que abarquen información, cultura, educación y entretenimiento. 2) Incrementar los programas de producción propia. 3) Dedicar esfuerzo a la proyección exterior de la lengua y la cultura españolas. 4) Regular el acceso de los grupos sociales y políticos a los medios públicos. 5) Concretar las obligaciones informativas y comunitarias durante nueve años con desgloses en programas de tres años. 6) Reducción de la publicidad y 7) Crear un Consejo Audiovisual que mida la rentabilidad social y no sólo la económica.

3. La polémica

La televisión, aunque seguida muy de cerca por Internet, se ha convertido en el gran medio de comunicación contemporáneo. En principio, su omnipresencia y poder interesaron a comunicólogos, sociólogo y a profesionales de la enseñanza, pero desde hace algunos años las instancias políticas se plantean si es necesario intervenir en el desarrollo del medio para potencias sus virtudes y atajar sus posibles defectos. En estas páginas se han recogido tres intentos: 1) El Consejo de Europa ya en 1986 ofreció una serie de consejos sobre las televisiones públicas encaminados a que éstas ayuden a la difusión de valores democráticos y a la difusión de la cultura europea. 2) El senado francés emitió un informe en que avisaba de que el medio televisivo no podía depender en exclusiva del mercado y el gobierno debía obligar a la creación de códigos deontológico y crear organismos de control y supervisión estatales. 3) El «comité de sabios» español propone una televisión pública centrada en la idea de servicio al ciudadano, una televisión de calidad supervisada por el parlamento que no persiga exclusivamente un beneficio mercantil.
            La polémica aún no está cerrada y seguramente sean necesarias muchas más reflexiones. En el fondo del asunto, al igual que en la disputa de Bustamante y Mainat, late la vieja polémica entre el intervencionismo estatal o la preponderancia de las leyes del mercado. En definitiva, ¿debe la televisión pública competir con las televisiones privadas o tiene que cumplir la función social del servicio público?