Iniciativa pública, privada, patrocinios… el sostenimiento económico de una revista científica

Una discusión permanente entre los investigadores es si las revistas deben cobrar o no por publicar. El movimiento de ciencia abierto, muy respetable en su filosofía, ha potenciado y agrandado la falsa creencia de que en investigación todo debe ser gratis, esto es, financiado con fondos del Estado, porque todos sabemos que, en una sociedad mercantil, toda transacción está sujeta a compras y ventas, y nada es propiamente gratis, porque tiene un costo real que alguien siempre abona.

La simplificación, como en muchas esferas de la vida, también se adentra peligrosamente en el terreno de la ciencia, justamente entre los científicos que deben ser los adalides de la información veraz.

El mundo de la gestión editorial de las revistas científicas es complejo por natura y responde a tradiciones muy diferenciadas. La anglosajona, en manos de la iniciativa privada, con una gestión muy profesionalizada y, por ende, en muchos casos, eficiente; y por otro lado, la del “sur”, donde la titularidad pública de las revistas ha basado su gestión directa en los propios investigadores, con una pobre profesionalización y escaso apoyo logístico, con portales de software libre de acceso gratis total para los usuarios, con libre acceso a los manuscritos, así como sin cargas por publicación (APC).

Dos modelos dicotómicos, de gestión pública/privada, profesional/semiprofesional, con apoyo logístico variable que han sido los cauces para entender el diferente desarrollo de las editoriales científicas de publicación de revistas. Cada modelo responde a una tradición y obviamente presenta sus ventajas e inconvenientes, pero conviven en el mundo académico.

Las revistas científicas “comerciales”, muchas de ellas altamente indexadas en JCR y Scopus, en general en inglés, responden a emporios comerciales que gestionan múltiples cabeceras con sistemas muy profesionalizados y aplicaciones de pago muy contrastadas.

En el ámbito latino, las revistas raramente pertenecen a empresas sino más bien son de titularidad pública y se editan en condiciones precarias de recursos, personal y logística. Los apoyos, en general, son escasos de las instituciones, pero, en contrapartida, su oferta es gratuita para autores y lectores.

Existen también modelos mixtos que son “rara avis”, como el caso de ‘Comunicar’, open access para lectores y sin APC para autores, que sostiene su plan de viabilidad desde la cooperación en la comunidad académica, con el apoyo de editores temáticos y autores con la adquisición de ejemplares para su distribución gratuita. Este es un modelo difícilmente sostenible, basado en el principio del acceso universal de la ciencia, pero sostenido desde la iniciativa privada, sin subvenciones fidelizadas de la administración pública para preservar la independencia del proyecto y con el apoyo directo y puntual de la propia comunidad, ni siquiera basado en encartes publicitarios, hecho este cada vez más complicado en los canales académicos.

En suma, todos estos modelos coexisten y todos son válidos. Rasgarse las vestiduras públicamente, como han hecho no pocos catedráticos españoles, porque una empresa que gestiona una editorial académica cobre a sus lectores o a sus autores (dependiendo de quién sea considerado sus clientes) es un absurdo. En un mundo comercial todo son transacciones que se compran y se venden, so pena de que sea el Estado quien soporte esas cargas, hecho este que no entra en la mentalidad de libre mercado del mundo anglosajón. Es ese un modelo de libre elección, muy respetable, y que ha demostrado la eficiencia de sus procesos y la capacidad de visibilización e impacto de sus productos. Demonizarlo sin más, aparte de absurdo, es desconocer el funcionamiento del mundo empresarial, también presente en la ciencia en todas sus dimensiones. Sí que será necesario cada día más denunciar las prácticas “predators” de muchas empresas que convierten el tráfico científico en un mero negocio, a veces incluso totalmente al margen de la calidad de las investigaciones.

Desde mi punto de vista, este modelo privado ético es saludable y compatible con el modelo “público”, como ocurre en otros muchos sectores sociales, siempre y cuando los fondos de todos, invertidos en estos productos, se rentabilicen y aspiren a la excelencia en auditorías que valoren íntegramente los inputs de costo y los outputs de beneficio de estas publicaciones. Un análisis honesto de este mercado “público” en España, en las editoriales universitarias españolas, pondría en evidencia lo mucho que se invierte en muchas publicaciones que aportan muy poco o casi nada para el desarrollo científico en contenidos, visibilidad e impacto.

Será saludable que en España y en el mundo latino ambos modelos tuvieran espacio de desarrollo en condiciones de eficiencia de gestión, calidad de contenidos y excelencia en visibilidad e impacto.